¿Qué supuestas irregularidades investiga Fiscalía en caso Ciclotrón de UCR?

Así se desprende de la denuncia planteada el 24 de mayo de 2024 por el entonces rector, Gustavo Gutiérrez, ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), de la que Teletica.com tiene copia.

Esa gestión fue la que dio pie a una investigación que derivó en una serie de allanamientos el 5 de febrero de 2025 y en la detención de dos funcionarios de apellidos Cotter y Soto (mujer), como sospechosos de falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados.

Posterior a esas diligencias, los servidores fueron suspendidos de sus puestos por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, mientras avanzan las pesquisas en su contra.

Sin embargo, el defensor del primero de los encartados, Ewald Acuña, rechazó ante consulta de este medio que su cliente haya tenido que ver con la recepción de las estructuras, pues a este no le correspondía la fiscalización de las mismas, según consta en actas que —argumenta— no fueron contempladas por la Rectoría.

Visto bueno

Las presuntas irregularidades se relacionan con edificios construidos con recursos provenientes de un empréstito suscrito por el Gobierno de la República con el Banco Mundial en 2012.

Para el diseño y la construcción de la estructura que alberga el Ciclotrón, la casa de enseñanza promovió la licitación internacional EDU_UCR-61-LPI-0, que fue adjudicada en 2015, bajo la modalidad “llave en mano”.

Ese proyecto debía ser ejecutado y recibido por la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI), entonces dirigida por el funcionario de apellido Cotter.

"Sucede que tras asumir el cargo de rector de la Universidad de Costa Rica, el 1.° de enero de 2021, se conocieron —debido a manifestaciones de usuarios de las distintas unidades que ocupan las distintas edificaciones— aparentes deficiencias tanto en dicho edificio como en otras instalaciones construidas con los fondos del mencionado empréstito", subraya la denuncia.

Producto de lo anterior, una nueva jefatura del despacho encargado recopiló información e hizo valoraciones, que culminaron en la necesidad de realizar correcciones para mejorar e, incluso, poner a funcionar los edificios.

"Es importante destacar que esos hallazgos permitieron identificar algunas obras parcialmente operativas (o con vicios ocultos) y otras no operativas. A partir de todo ello, en noviembre de 2021, se propuso y se implementó un 'plan remedial' (todavía en desarrollo para la fecha en la que fue interpuesta la queja) para resolver los problemas encontrados", menciona la denuncia.

También se solicitó una auditoría a la Oficina de Contraloría Universitaria (OCU), pero al 21 de marzo de 2024, la misma todavía no habían concluido.

Los avances —según las estructuras— oscilaban entre el 15% y 85% a aquel momento. Teletica.com desconoce si, casi un año después, el estudio culminó o no.

Pero el abogado de Cotter, Ewald Acuña, fue enfático en que su defendido no dio ningún visto bueno a obras que posteriormente no estaban operativas o parcialmente operativas, como indica la denuncia.

"La inspección de la obra no le correspondía directamente y así consta en las bitácoras de la construcción que no fueron consideradas por parte de la anterior Rectoría de la Universidad de Costa Rica, como tampoco consideraron los aspectos de falta de mantenimiento de las mismas, ni que los usuarios de estas no indicaron en su momento alguna disconformidad", destacó el jurista.

Doble sombrero

La denuncia además cuestiona el rol que fungió el director de apellido Cotter en el edificio que albergó el Ciclotrón.

Mediante el oficio OEPI-1196-2022, se advirtieron problemas que generan dudas sobre cómo se dio visto bueno a la estructura hace cinco años.

"Además, a lo largo de este tiempo, conforme la actual jefatura de Oficina Ejecutora ha venido ordenando la documentación correspondiente al empréstito del Banco Mundial, se han apreciado documentos, como uno denominado 'correspondencia interna', del 12 de febrero de 2016, en el que se observa al señor Cotter dar el visto bueno para aprobar un pago, pero no se comprende si tal autorización podía darla o no, dada su condición.

"Es que es confuso en cuál carácter intervino, pues parece reunir las condiciones de ejecutor y fiscalizador del uso de los fondos provenientes del empréstito ya mencionado. Es pertinente hacer notar que él ejercía como director de la Oficina Ejecutora y, al mismo tiempo, era el coordinador de la Unidad Ejecutora del Proyecto de Mejoramiento Institucional, que es precisamente el financiado con los fondos del Banco Mundial. De allí que surge la cuestión de si cumplir ambas tareas simultáneamente es algo compatible", reza el documento.

Al respecto, el defensor de Cotter, Ewald Acuña, agregó que las funciones de su cliente con el Banco Mundial correspondían a la implementación del préstamo otorgado a la Universidad de Costa Rica y no a la fiscalización de las mismas.

Según el Ministerio Público, los supuestos pagos indebidos asociados con este caso ascienden los $2.455 mil millones y los €5 millones, si se incluyen los costos adicionales.

Por hechos relacionados con el manejo de esos fondos públicos, la Fiscalía Anticorrupción investigó un supuesto pago irregular de contratos administrativos bajo la causa 20-006439-0042-PE, pero esta fue remitida al Juzgado Penal de Hacienda con solicitud de desestimación desde el 22 de diciembre del 2022.

Este medio solicitó una posición a la Dirección Jurídica del centro educativo, pero a través de su oficina de prensa, este indicó que no podía referirse en virtud de que la investigación permanecía en desarrollo.