¿Pueden los afectados por el abandono del proyecto Barranca - Limonal demandar al Estado?

La salida del consorcio H.Solís-Estrella dejó a la deriva el proyecto de ampliación de la carretera que comunica Barranca de Puntarenas con Limonal de Abangares, un proyecto que debía estar listo para finales de este 2023, pero que se paralizó desde abril del año anterior.

Las obras iniciales incluyeron importantes movimientos de tierra y la creación de taludes que, en el plan inicial, debían ser la base de la nueva vía, pero que quedaron inconclusas tras el estallido del Caso Cochinilla en junio de 2021, un escándalo que involucró directamente a la constructora H. Solís.

En medio de todo eso, las obras no solo provocaron una importante congestión vial en la zona, sino que empobrecieron las condiciones de tránsito en todos los aspectos: baches, nula demarcación y una inexistente iluminación forman parte de una larga lista de falencias que el MOPT anunció que intervendría en julio pasado, pero con las que arrancó apenas días atrás, luego de una inédita inundación que dañó decenas de vehículos a mediados de octubre anterior.

Precisamente, el MOPT espera un informe técnico que le permita determinar si esas inundaciones fueron o no provocadas por esos trabajos en la vía.

Bajo ese panorama, ¿Es posible demandar al Estado por los daños causados por el abandono de esa vía?

“Hay un aspecto que es fundamental en todo esto que es la seguridad vial. El Estado debe garantizar que las carreteras donde se transitan son seguras, si por abandono del mismo Estado estas pierden seguridad, pierden ese componente de seguridad vial, y se genera un daño, como consecuencia directa e inmediata de ese abandono, de esa falta de seguridad, el Estado debe responder, no hay duda”, asegura Rolando Segura, especialista en responsabilidad civil de la Administración.

Idéntica posición tiene Federico Torrealba, experto en procesos civiles, penales y arbitrajes, quien añadió que el régimen legal en Costa Rica es lo bastante fuerte en términos de responsabilidad administrativa del Estado como para llevar adelante un caso de este tipo,

“Ha habido casos donde se ha condenado al Estado por desperfectos de la infraestructura vial cuando tienen incidencia causal estos desperfectos en daños a terceros (…) Aquí no hay que probar ninguna falta específica de ningún funcionario, sino que se evalúa en general la conducta administrativa en comparación con un deber ser, que es un modelo de servicio público al cual deberían tener acceso todos los ciudadanos”, precisó.

El gran pero, sin embargo, es que estos procesos son largos y costosos.

Los expertos precisan que la media para procesos de este tipo puede ser de hasta cinco años y que el Estado es muy celoso en la protección de sus bienes y su defensa, por lo que las personas deben tener esto en cuenta antes de embarcarse en una demanda de este tipo.

“Como dura tanto tiempo y es complejo y el Estado tiene excelentes abogados también, pues es un proceso de mucho cuidado y atención que puede costar millones de colones. Entonces no resulta recomendable ante daños que no son significativos.

“Estamos hablando cuando le produce un menoscabo considerable en el patrimonio del administrado, pero por un monto no muy significante, le puede salir más caro el proceso que lo que le van a dar”, reconoce Segura.

Sin embargo, para Torrealba existe otra vía: una demanda colectiva.

“La experiencia que yo he visto en reclamos contra el Estado cuando hay intereses y así colectivo intereses generales es que no tienen mucho asidero en términos de indemnización. Es más, yo he visto que se declaran con lugar demandas contra el Estado, se dice que es una actividad ilícita, etcétera, pero al momento de indemnizar la pregunta es ¿cuánto y a quién?

“Por eso es que cuando hay este tipo de daños que se originan en situaciones colectivas que afectan a muchas personas, lo ideal es organizar una acción de clase, una acción colectiva”, aseveró el abogado.

¿Vale la pena?

“Claro que vale la pena y creo que la evolución del Derecho debe ir hacia la organización de estas acciones de clase, de acciones de grupo, porque hay muchos daños que son absolutamente reales, patentes, que afectan a toda una colectividad, pero que son tan pequeños para cada individuo que no valen la pena, pero es precisamente para este tipo de daños colectivos que existen mecanismos de indemnización colectiva a favor de clases de consumidores y si se tienen indemnizaciones, claro que sí.

“Entonces, creo que sí vale la pena plantear el juicio, pero hay que plantearlo antes de que transcurren cuatro años desde que ocurrió el daño, porque los reclamos contra el Estado prescriben cuatro años en términos generales”, precisó Torrealba.

¿Qué dice el MOPT?

El ministro de Transportes, Luis Amador, aseguró que no se referirá a posibles acciones legales que se puedan estar tomando contra el Estado por estos daños, pero sí aceptó que la demora en la intervención del tramo Barranca - Limonal ha sido significativa.

“A nivel general en Costa Rica uno quisiera que las cosas caminen más rápido, pero todo tiene una cantidad de trámites. Imagínese que la contratación de la solución final requiere que esté la prefactibilidad y uno se pregunta ¿por qué antes no le inscribieron prefactibilidad a esto?

“Entonces, si usted me pregunta, sí hay demoras, porque me gustaría que las cosas se hagan de inmediato, pero hay que respetar toda la tramitología interna del país. Eso no es el 100% de la razón de la demora, pero sí una parte significativa”, aseguró.

Amador afirmó que desde hace un par de semanas la empresa Concreto Asfáltico Nacional (Conansa S. A.) está en la zona para una primera intervención de ese tramo que permitirá atender los taludes y reparar los baches en la vía.

Ese primer contrato debería estar listo a más tardar en enero próximo.

A finales de ese mismo mes, las autoridades del MOPT esperan tener listo y adjudicado un contrato por $13.6 millones que permita intervenir esa vía y también los trabajos en La Angostura, también en abandono desde el año anterior.

“Es principalmente el tema de protección de lo que ya se invirtió, para que todo lo que está en fase granular no se lave y las partes de todos los taludes que están cortados, que se rellenen y mantenimiento de cunetas, bacheo, etcétera, todo lo que ya está construido o en proceso de construcción, que quede en un estado adecuado.

“Entonces hablamos de proteger el trabajo previo, pero en la misma protección también hay elementos de seguridad vial que tienen que darse”, reconoció Amador.

En una tercera fase, de la que no se tiene fechas, el MOPT espera realizar una contratación por alrededor de $220 millones provenientes del BCIE para concluir con las labores de ampliación de manera definitiva.

Amador insistió en que los atrasos en esta intervención, que habían sido anunciados para julio pasado, se atrasaron precisamente por el desbordamiento y la inundación de mediados de octubre.