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Un problema legal mantiene en incertidumbre a un grupo de trabajadores de Gas Zeta la mañana de este martes, ya que esperan alguna respuesta oficial sobre la situación de la empresa en las afueras del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) donde se realizaba una reunión.

Ellos denuncian que un problema legal provocó que dos de las plantas -una en el Coyol de Alajuela y otra en Cartago- fueran desalojadas y entregadas a otra persona no autorizada.

El divorcio entre los dueños de la empresa generó una medida cautelar de un juez en Estados unidos que se ejecutó en el país con el fin de asegurar los bienes. 

Los representantes legales de Gas Zeta denuncian que esa orden fue irrespetada por el Ministerio de Seguridad Pública quienes habrían ejecutado el desalojo, paralizando parte de la empresa.

Consultada al respecto, Carolina Mora vocera de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) asegura que pidieron explicaciones a la empresa porque se registran atrasos de hasta dos días en el abastecimiento de gas.

A través de un comunicado de prensa, la empresa Gas Zeta aduce que la medida policial abusiva del Ministerio de Seguridad ha provocado los inconvenientes en el abastecimiento normal de Gas LP, sin embargo, esperan solventar de forma inmediata al momento en que de nuevo se restablezca el Estado de Derecho.