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El presidente Carlos Alvarado vetó esta noche en su totalidad el proyecto de ley que reactivaría la pesca de arrastre de camarón en el país.

El mandatario anunció en sus redes sociales la decisión aduciendo que es su deber “promover el bien común y asegurar el equilibrio entre actividad productiva y sostenibilidad”.

Además, aseguró que estaba en la obligación de cumplir con su palabra, pues en campaña electoral se declaró un enemigo de la cuestionada práctica.

Alvarado insistió en que con los elementos y estudios presentados por los defensores del proyecto prevalece aún así un impacto negativo vinculado con este tipo de pesca que desde el 2013 había sido prohibida por la Sala Constitucional.

"Con los elementos disponibles, aportados por muy distintos sectores académicos productivos y políticos, prevalece el criterio sobre un impacto ambiental y socioeconómico negativo con el restablecimiento de esta técnica de pesca, en sectores como pesca artesanal, en la biodiversidad y también sobre la actividad turística de la cual dependen tantos empleos”, añadió.

El veto del mandatario significa un duro golpe para los 28 diputados que respaldaron el proyecto en primer y segundo debate, pues ahora deberán buscar el apoyo de 38 legisladores para tratar de resellar la ley y aprobarla sin pasar por el Ejecutivo.

Melvin Núñez, diputado de Restauración Nacional y gran impulsor del proyecto, aseguró días atrás que esa sería la vía en caso de que el mandatario vetara la ley, tal y como le exigían un amplio número de organizaciones y sectores que se oponían a esta práctica. 

"No puedo más que agradecerle al presidente de la República por su coherencia, su compromiso y la valentía de saber tomar decisiones que equilibren el bien de la mayoría en primer lugar. Esto es una muestra de un compromiso con el ambiente, con el empleo sostenible, con la sostenibilidad de nuestra producción y nuestras pesquerías y, sin duda alguna, las futuras generaciones van a agradecer este gesto y nunca lo van a olvidar", dijo la oficialista Paola Vega, principal opositora del proyecto.

El proyecto fue ampliamente adversado en el plenario legislativo por el impacto ambiental que según sus detractores significaría para el ambiente y lo cuestionados de los estudios realizados por el Incopesca para defender la práctica.

La discusión fue tal que entre el primer y segundo debate pasó casi un año, luego de una consulta de constitucionalidad donde los magistrados declararon que el proyecto no contenía vicios de procedimiento o forma pero salvaron el voto sobre su viabilidad ambiental.

La defensa de quienes apoyan la reactivación de este modelo es que las nuevas exclusas permitían eliminar significativamente la llamada fauna de acompañamiento o pesca accidental, que las redes ya no dañaban el suelo marino pero principalmente que Puntarenas y otras zonas costeras del país se han empobrecido enormemente por el veto a esta práctica.

El próximo lunes los diputados volverán a sesionar en horas de la tarde.