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Costa Rica se encuentra inmersa en una dura negociación interna para buscar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que ayude a mantener a flote sus finanzas, duramente golpeadas por la pandemia del COVID-19.

Existe consenso sobre la urgencia del acuerdo, pero el camino para alcanzarlo parece sinuoso, con grandes disparidades entre la propuesta del Gobierno y las demandas de empresarios y el Legislativo.

La negociación de una propuesta para llevar al FMI se da en momentos en que la pandemia acabó con las proyecciones de contención del déficit fiscal, que en 2018 se mantuvo en el equivalente a 6% del PIB, pero que para este año llegaría a 9,7% según el Ministerio de Hacienda

Una reforma fiscal aprobada en 2018, que instauró el impuesto al valor agregado (IVA) y cortes de gastos, resultó insuficiente para reforzar las arcas públicas ante el impacto económico de la pandemia.

Para agravar la situación, el desempleo se disparó de 12% de enero a marzo, a 24,4% en el trimestre de mayo a julio.

"Lo fundamental es conservar la estabilidad del país, que el ajuste no impacte a la gente más pobre, que no se comprometan instituciones que son centrales para el desarrollo. Pero al mismo tiempo, aquello que se puede hacer mejor, más eficiente, que se haga", dijo sobre la propuesta oficial el presidente Carlos Alvarado.

El acuerdo con el FMI permitiría al país acceder a un crédito de 1.750 millones de dólares en tres años y le daría credibilidad para salir al mercado internacional en busca de financiamiento privado, necesario para cubrir el déficit fiscal de unos 10.000 millones de dólares anuales.

Impuestos y gastos

La propuesta presentada por el gobierno para negociar con el FMI contempla una serie de impuestos temporales, incluyendo un gravamen de 0,3% sobre las transacciones financieras en los primeros dos años de vigencia del acuerdo y de 0,2% en los dos años siguientes.

Incluye también impuestos temporales a las ganancias de grandes cooperativas, a la renta, a la propiedad de bienes inmuebles y al envío de remesas al exterior, todos por cuatro años.

El gobierno propone también una reforma del empleo público con el cierre o fusión de algunas instituciones, el congelamiento de salarios en el sector público y la suspensión de nuevas anualidades pagadas a los trabajadores estatales.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada por los partidos de oposición, mayoritarios en la Asamblea Legislativa y provocó airadas críticas de las cámaras empresariales.

"La propuesta está totalmente desequilibrada, porque 75% son impuestos y solo 25% son (recortes de) gastos", comentó el economista independiente y académico Gerardo Corrales.

Urgió a un "rediseño del aparato estatal" para reducir los gastos y compartir el costo de la pandemia.

"Todo el ajuste de la pandemia se lo ha llevado el sector privado. El aumento del desempleo, 99% es privado y de las reducciones salariales 'ni un cinco' ha sido en el sector público", reclamó Corrales.

El experto apuntó como necesario cortar incentivos salariales del sector público, que alcanzan 2.100 millones de dólares anuales, un monto superior a los salarios base, que demandan 1.900 millones de dólares anuales.

Sin embargo, el economista duda que el Gobierno tenga la voluntad de adoptar tales acciones, que podrían generar reacciones de protesta de los sectores afectados.

"El ambiente social se va a poner tenso, pero o el presidente asume esa medicina amarga, o aquí vamos a tener un problema económico serio", alertó Corrales.

El presidente Alvarado y Corrales coincidieron en que la ausencia de un acuerdo traerá consecuencias nefastas para el país, con riesgo de mayor déficit, una devaluación y consecuente inflación, más pobreza y más desempleo.

"El país conoce la propuesta, estamos abiertos a escuchar", aseguró Alvarado sobre las críticas al planteo oficial.

El mandatario espera negociar a lo largo de octubre con la Asamblea Legislativa en busca de un entendimiento para llegar a fines de ese mes o inicios de noviembre al FMI con una propuesta consensuada.

"Yo quiero heredarle al próximo gobierno un país que tenga ruta, que tenga financiamiento y estabilidad. No quiero dejar un problema, quiero dejar una solución", resumió el mandatario.