Policía de Tránsito opera con 132 vehículos y 292 oficiales menos que en 2023
Un informe de auditoría de la Contraloría General identificó problemas de personal, presupuesto y mantenimiento en ese cuerpo policial. Además, advierte que la distribución de la vigilancia no coincide con los periodos de mayor siniestralidad.
La Policía de Tránsito enfrenta una reducción en la cantidad de oficiales y vehículos disponibles, situación que explica también las debilidades en la distribución de la vigilancia en carretera.
Así lo advierte una auditoría de la Contraloría General de la República, que señala problemas que afectan la capacidad operativa de esta institución.
La cantidad de oficiales pasó de tener 1.000 funcionarios en 2023 a 708 en marzo de 2026, una reducción que limita la capacidad de respuesta y cobertura policial en las carreteras del país.
¿Qué explica esta disminución?
El informe identifica problemas en los procesos de reclutamiento y contratación, así como limitaciones presupuestarias que retrasan la disponibilidad de recursos necesarios para fortalecer la vigilancia.
Entre 2020 y 2022, por ejemplo, se devolvieron al Ministerio de Hacienda 132 plazas vacantes. Para 2025, la Administración no había logrado revertir el déficit de personal.
La Contraloría también señala debilidades de coordinación entre el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), encargado de financiar estos recursos, y la Dirección General de la Policía de Tránsito, responsable de ejecutarlos.
La flotilla activa perdió 132 vehículos
Las dificultades no se limitan a la cantidad de oficiales. Alrededor de la mitad de las motocicletas institucionales está fuera de servicio.
Además, la flotilla activa de patrullas, motocicletas y grúas pasó de 518 unidades en 2023 a 386 en marzo de 2026. Esto representa 132 vehículos menos disponibles para las labores policiales.
Los problemas relacionados con los recursos para trabajar en carretera también han sido denunciados por el Sindicato de Oficiales de Tránsito. Ante estos reclamos, el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) insistió el viernes anterior en que sí existe una mejora en la Policía de Tránsito.
Sin embargo, la auditoría identifica debilidades en la planificación de repuestos y en el mantenimiento preventivo y correctivo, factores que afectan la disponibilidad de los vehículos.
La vigilancia no coincide con los horarios de mayor siniestralidad
La reducción de personal y vehículos también plantea dificultades para distribuir la vigilancia en las carreteras.
Según el informe, el 64,97% de la actividad policial se concentra durante el día, pese a que la auditoría identifica el horario nocturno como el periodo de mayor siniestralidad.
Esto evidencia un desafío para organizar los recursos disponibles de acuerdo con los momentos en que se registra una mayor cantidad de accidentes.
La Contraloría estima que, al distribuir los 708 oficiales entre las delegaciones y los turnos de operación, hay entre 70 y 80 funcionarios en servicio por turno en todo el país, incluidas las labores administrativas.
El informe concluye que las acciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y del Cosevi no garantizan la eficacia y eficiencia necesarias para reducir las víctimas de los accidentes de tránsito.
Las debilidades identificadas preocupan en un país que registra una tasa de 16 muertes viales por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de Iberoamérica.
