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El Poder Ejecutivo llegó a un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un mecanismo de financiamiento ampliado por $1.750 millones. 

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, y el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, comunicaron la decisión esta tarde junto a Manuela Goretti, líder de la misión del FMI en Costa Rica.

El acuerdo, que ahora dependerá de la aprobación de la junta directiva del Fondo, deberá también pasar por un complejo caminar en la Asamblea Legislativa, pues se compone de una serie de proyectos de ley que tendrán que estar aprobados, todos, antes de julio próximo.

Villegas aclaró que todos los proyectos incluidos en esta negociación están ya presentados ante los diputados y detalló entre otros el impuesto de 0.5% a las casas de lujo, el proyecto de eliminación exoneraciones a temas como el salario escolar, la reforma a empleo público, la renta global dual o el aporte solidario que 14 empresas públicas deberán dar sobre sus utilidades.

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El ministro de Hacienda también puntualizó que no se incluye gravar las pensiones, que no aumentará el IVA, no se cobrará un impuesto por las transacciones financieras ni habrá un aumento en el impuesto de bienes inmuebles.

¿Qué busca? 

Los dos grandes objetivos, según señaló Goretti y el propio Villegas, será alcanzar un superávit primario (sin contar intereses) de 1% para 2023 y encausar el país en una senda decreciente de la deuda pública.

En el primer punto el acuerdo con el FMI implicaría un ajuste primario de alrededor del 5%, pero ese porcentaje podría variar pues las cifras de cierre de 2020 aún son preliminares. 

En el tema de la deuda Villegas precisó que el objetivo último es que esta alcance el 50% para 2035. Hoy esa cifra ronda el 68%.

"Esperamos que este acuerdo constituya no solo un momento histórico sino un mecanismo que venga a asegurar la estabilidad fiscal de todos los costarricenses", dijo Villegas.

¿Cuándo y cómo?

El acuerdo aprobado este viernes está en una "etapa técnica", esto, según explicó Goretti, significa que todavía deberá ser revisado y aprobado por la junta directiva del FMI.

Luego de esa aprobación, que podría darse para la próxima semana, la decisión final estará en manos de los diputados.

Todos los acuerdos planteados hoy por el Gobierno deberán estar aprobados antes de que llegue julio próximo, pues el FMI realiza revisiones semestrales del cumplimiento de metas.

Esto, según Goretti, obliga al país a tener todo lo prometido listo para mediados de año, si eso no sucede, sencillamente no habrá acuerdo.

Ese objetivo pareciera tener tiempo suficiente por delante, sin embargo, un tema como la reforma a empleo público consumirá largas horas en la corriente legislativa, pues ahora mismo las más de 400 mociones presentadas al texto original hablan del poco consenso que existe entre las fracciones por un tema que además promete una fuerte lucha social en las calles.