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Los sectores pesqueros nacionales exigen a los diputados votar en contra de la aprobación final y definitiva del crédito por $75 millones (más de 42 mil millones de colones) para el desarrollo sostenible de la pesca y acuicultura en el país.

Se trata del expediente 22.366 (Contrato de Préstamo Nº 9050-CR) suscrito entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Gobierno de la República de Costa Rica para financiar el Programa Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura.

Más de 15 mil pescadores de los diversos sectores (artesanal, palangrero, molusquero y pesca turística) cuestionan el proyecto aprobado en primer debate, aduciendo que fue concebido e impulsado desde el Valle Central, sin pedir criterio ni hacer partícipe a las comunidades costeras, tal y como lo había prometido el Gobierno en enero de 2020.

Afirman que, lejos de ampliar las oportunidades económicas para el sector pesquero y mejorar su administración e institucionalidad, lo que hace es “utilizarlos” para obtener un préstamo que no tendría ningún beneficio directo para ellos.

Así lo hicieron ver en una carta con más de 2 mil firmas de pescadores de las provincias costeras enviada a varios diputados, entre ellos, al representante de Puntarenas por Restauración Nacional, Melvin Núñez.

Los pescadores señalan que los fondos se destinarían a consultorías, estudios, infraestructura y gastos administrativos que no contribuirían a aliviar la difícil situación socioeconómica del sector.

“Es un proyecto sobredimensionado y que no responde a nuestras necesidades y que implicaría una deuda millonaria en nombre del sector y que tendríamos que pagar sin haber recibido nada a cambio”, dijo Emanuel González del Valle, representante del sector pesquero nacional.

González agregó que lo más grave del caso es que su aprobación cerraría las puertas para el planteamiento a futuro de otros proyectos que realmente impulsen y mejoren los sistemas de pesca responsable en el país.

En lugar de aprobar un empréstito que endeude más a los pescadores y a los costarricenses, Gonzalez argumenta que se debería trabajar en fomentar y desarrollar las pesquerías nacionales.

Víctor Julio Rocha, presidente de la Federación Empresarial de Pescadores y Molusqueros de Costa Rica y Afines (FEPEMACR), criticó que excluyeran a las familias que viven del mar en el Pacífico Sur y calificó la iniciativa de “ilógica, no proporcional e irrazonable”.

“Nosotros siempre hemos sido conscientes de que se necesita un ordenamiento y trabajar con el sector ambiental, pero por la vía legal y en igualdad de derechos. Hoy por hoy en este proyecto se deja por fuera a una zona importante y productiva, donde viven muchas personas que se verían afectadas y que en ningún momento se les tomó en cuenta”, indicó Rocha.

“Trabajamos con las uñas”

Eduardo Loría, pescador artesanal en Puntarenas, solicitó a los diputados que no endeuden más al país y los instó a “tomar conciencia y analizar” las consecuencias de sus actos antes de darle aprobación definitiva al préstamo.

Con él coincidió su colega, Ismael Wilson, que tiene más de 35 años de experiencia en la pesca, y dice sentirse abandonado por el Gobierno y obligado a “trabajar con las uñas”. “En vez de ayudarnos, nos limitan las áreas de pesca a quienes tenemos lanchas artesanales y las necesitamos para llevar el sustento diario a nuestros hogares”, apuntó.

David Vargas, otro de los pescadores perjudicados, exhortó a los diputados a “ponerse la mano en el corazón porque nuestro futuro se va a ver seriamente afectado.”

El contrato de préstamo entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Gobierno de la República fue aprobado en primer debate, con 31 votos a favor y 10 en contra, el pasado 31 de agosto.

Se espera que este martes 7 de setiembre sea sometido a segundo debate, para lo cual requiere de una mayoría calificada (38 votos), según lo dispone la Constitución Política.

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