Nueva cárcel en San Rafael habilitará 704 nuevos espacios para privados de libertad
Este será la primera de tres unidades productivas que se inaugurarán en el país durante el 2017
La construcción de la nueva cárcel en San Rafael de Alajuela habilitará 704 nuevos espacios para privados de libertad.
La llamada Unidad Productiva, que ya se contruye dentro del complejo La Reforma, ocupará un total de 10.000 metros cuadrados y tendrá un costo total de $22,8 millones financiados mediante un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo.
“Las unidades productivas son espacios que responden a un modelo de atención, gestión y seguridad bajo los más altos estándares internacionales de calidad que los diferencian de las prisiones tradicionales. Los diseños arquitectónicos incluyen espacios concebidos como una pequeña ciudad, lo más parecida a la vida en libertad, con recintos para la educación, formación laboral, talleres productivos y atención interdisciplinaria”, según explicaron las autoridades de Casa Presidencial.
La estrategia de los encargados de la unidad es facilitar el reingreso de los privados de libertad a la sociedad.
El de San Rafael es el primero de tres proyectos de unidades productivas que actualmente están en marcha en el país. En Pérez Zeledón ya se firmó el contrato y su construcción iniciará pronto. La obra tendrá un costo de $17,8 millones y albergará 256 personas.
El otro, en Pococí, permitirá albergar 640 personas en un complejo cuya inversión ronda los $25,5 millones.
Los tres proyectos, que se espera estén listos para 2017, albergarán 25 módulos y un total de 1.600 privados de libertad.
Inicialmente se construirían 1.408 espacios en total, pero el Ministerio de Justicia y Paz decidió redirigir los fondos que iban a ser destinados en los dispositivos electrónicos de seguimiento (conocidos como brazaletes) para utilizarlos ahora en la ampliación de más dormitorios para privados de libertad, debido a la crisis del hacinamiento penitenciario.
El proyecto de los brazaletes, sin embargo, no se descartará, sino que se realizará a través de un proceso de contratación administrativa enfocado en la participarán de empresas estatales.
Ese mecanismo permitirá reducir el costo del servicio, que en manos de una empresa privada puede sobrepasar los $30 diarios por dispositivo –por privado de libertad– y, según los estudios que se han realizado desde la institución, una empresa del Estado puede ofrecer el servicio a un precio mucho menor, cercano a los $18 o menos.