Ministro Amador advierte a BCR por cambios en proyecto de Ruta Uno

El ministro de Transportes, Luis Amador, advirtió al Banco de Costa Rica (BCR) que recurrirá al Consejo de Gobierno si la entidad se opone a los cambios en el contrato de fideicomiso del proyecto de ampliación entre San José y San Ramón.

Según confirmó el propio jerarca, el banco cuestionó la legitimidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para pedir un cambio en las condiciones contractuales vigentes, que pretende reducir los honorarios del fideicomiso y, además, quitarle al BCR la estructuración financiera de la obra.

“El banco cuestionó qué legitimidad tenemos nosotros para pedir un cambio, cuando ya habían estado de acuerdo en que no había problema y se podía ajustar este asunto. El banco sigue cobrando $180 mil al mes”, aseguró.

Según el jerarca, la entidad financiera no emitió ningún comentario sobre esa adenda presentada semanas atrás, sino sobre el acto como tal.

“No criticaron la adenda, simplemente mandaron una carta diciendo cómo es que usted unilateralmente quiere cambiar el contrato, no mandaron a decir de la adenda no estamos de acuerdo en esta frase”, dijo.

Ante ese escenario, Amador defendió que le recordará a la junta directiva del BCR, “por las buenas”, que son los integrantes del Consejo de Gobierno los accionistas del banco.

“Si me van a tener que obligar a llegar a que el Consejo de Gobierno le gire una instrucción del banco a eso vamos a llegar, voy a tratar de conversar primero a ver qué es lo que pasa, tal vez no están enterados.

“Siempre (vamos) por las buenas, pero si ya llega por las malas, no queda de otra”, sentenció.

La disputa entre la actual cartera del MOPT y el Fideicomiso de Ruta Uno inició en junio anterior, cuando el Conavi anunció el finiquito de ese contrato que gestiona el BCR. Esa decisión, que días después fue catalogada como un “jalón de riendas” por parte de Amador, buscaba, según el jerarca, sentar las bases de una negociación para bajar salarios y honorarios del fideicomiso, cambios que se plasmarían en esta nueva adenda.

Hasta ahora, el fideicomiso ha defendido que sus salarios no son los que denuncia el Gobierno y que los atrasos en las obras no son responsabilidad suya, sino precisamente del Conavi.