Los otros casos que pesan sobre el PANI

Periodistas: Luis Zamora y María Jesús Prada.

La sustracción de la pequeña Keibril Amira García Amador, de nueve meses, el pasado 9 de abril, ha despertado todo tipo de alarmas y repudio entre la población a raíz de la actuación de las autoridades en torno a este caso.

Empezando por la edad de la madre, una joven de 13 años, cuyo parto debió haber echado a andar toda la maquinaria estatal para atender una situación que, a todas luces, apuntaba a una relación impropia.

Seguido por la respuesta de la Fiscalía cuando recibió la primera alerta: el informe emitido por la Dirección Regional de Educación en respuesta al aviso de embarazo que remitió la escuela a la que atendía la joven madre. Dicho informe se hizo hace más de un año y señalaba al padrastro (actual sospechoso de la sustracción) como posible responsable. El caso, sin embargo, fue desestimado en la sede Penal Juvenil sin que el proceso de investigación continuara en la sede ordinaria, ya que el padre de la bebé era un mayor de edad.

A estos hechos le siguió una racha de errores y aparentes negligencias que hoy trascienden y ponen el foco sobre la gestión que realiza el Estado ante estos casos, especialmente en torno al accionar del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la principal institución a cargo de su manejo.

Con esto en mente es que a continuación repasamos otros casos que ahora pesan y se suman al repudio ciudadano en torno a las labores de la institución elegida para garantizar la seguridad y velar por los derechos de las personas menores de edad en Costa Rica.

Junio de 2022: Agresiones contra un niño autista

En junio de 2022 trascendió el caso de un niño de 10 años con autismo, quien fue violentamente agredido en el baño de una escuela en Heredia.

El médico a cargo de su atención, así como la madre del niño, responsabilizaron a la maestra y a la inacción del PANI por el caso, el cual ocurrió en la escuela Tranquilino Sáenz Rojas en Santa Bárbara de Heredia y provocó que el menor fuera hospitalizado debido a las lesiones que sufrió cuando otro alumno lo golpeó en la cabeza y lo intentó asfixiar.

Tras el ataque, la madre llamó al PANI, sin recibir respuesta, y acudió a un centro médico para que su hijo recibiera atención por las lesiones. 

Al llegar, expuso al centro médico los detalles de la agresión e incluso señaló que ya había reportado antecedentes previos a la institución. Además, se dio a conocer que la entidad tardó más de tres horas en enviar una unidad institucional a la clínica para atender el caso, tal y como lo había solicitado el jefe de emergencias de la clínica. 

La madre, Cindy Carrión, aseguró haber recibido una llamada de la funcionaria del PANI a cargo del caso 36 horas más tarde, quien le gritó en reproche por exponer la situación de su hijo a los especialistas del centro médico.

Asimismo, a raíz de ello, el médico a cargo de la atención interpuso una denuncia por el manejo de la representante del Patronato Nacional de la Infancia en el caso.

La respuesta del PANI a este medio:

La entidad indicó que había iniciado con la coordinación para el manejo del caso y que incluso acompañó a la madre a interponer la denuncia. En declaraciones a este medio, aseguró haber coordinado con la escuela y garantizado la atención del menor en el sistema educativo. 

Añadió, además, que ninguna denuncia penal se interpuso en contra de la funcionaria que llevó el caso.

Enero de 2020: Dos muertes atribuidas a la inacción

Otro caso que marcó los titulares y despertó el repudio ciudadano fue la muerte de una niña de cuatro años en Tuetal de Alajuela, producto de agresión infantil. Los hechos se remontan a enero de 2020, cuando las autoridades encontraron los restos de la menor.

El caso ya se había denunciado, pero la funcionaria a cargo de supervisarlo lo clasificó bajo la categoría de “Prioridad 2”, cuando debió haberle asignado la “Prioridad 1”, la cual exige que la situación se intervenga de manera inmediata. 

A raíz de esa clasificación, y del tiempo de espera que supuso, las autoridades no lograron actuar a tiempo para evitar la muerte de la menor.

El hecho motivó la renuncia de la jerarca del PANI, Patricia Vega, y también derivó en el despido de la funcionaria que llevaba el caso.

Además, puso el foco sobre la oficina central de la entidad en Alajuela, que es una de las más grandes y robustas del país. Fue esa misma oficina la que también atendió el caso de otro menor asesinado en 2019, quien vivía en la localidad y tenía cinco años.

El PANI aduce el error a una equivocación en la dirección de la vivienda (una equivocación que, en años anteriores, ya se le había asignado a otras muertes de infantes), que fue ingresada con datos erróneos cuando se documentó la primera denuncia, a la cual no se le asignó ninguna oficina hasta dos días después. 

Tres días más tarde, trascendía la noticia de la muerte del niño.

La respuesta del PANI a este medio:

Sobre estos casos, el PANI señaló a Teletica.com mediante su vocera de prensa que respondió aplicando cuatro suspensiones sin goce de salario a los colaboradores involucrados. Asimismo, aseguró que en ningún momento trascendió una denuncia penal contra los funcionarios involucrados.

Mayo de 2019: Los padres que asesinaron a su hijo de 5 años

El 9 de mayo de 2019, un menor de 5 años identificado como Jose Rodrigo Marroquín Alas fue encontrado sin vida en su casa en Sabanilla de Alajuela, con aparentes quemaduras, un severo cuadro de desnutrición, moretones y heridas propinadas por sus padres.

Los padres eran salvadoreños, identificados como Wendy Marroquín Alas, de 24 años, y Shair Pérez Flores, de 27, quienes fueron declarados culpables de los delitos de homicidio calificado y tenencia de material pornográfico infantil.

El manejo del caso se remonta al sábado 4 de mayo de 2019, cuando un psicólogo que visitó el barrio interpuso una denuncia. No obstante, la misma llegó al PANI hasta el lunes 6, puesto que la entidad no trabaja durante los fines de semana.

Patricia Vega (entonces presidenta del PANI) aseguró que la denuncia fue calificada como "Prioridad 1", por lo que debía atenderse en menos de 24 horas, sin embargo, la funcionaria se dirigió al lugar y aseguró no encontrar la casa. Un día después, el niño falleció por una hemorragia intestinal provocada por los golpes.

A pesar de la gravedad del caso, el PANI no despidió de su puesto a la funcionaria.

La respuesta del PANI a Teletica.com:

Una vocera de la institución confirmó a este medio que en este caso no trascendió ninguna denuncia penal en contra de la funcionaria en cuestión, pero que, en su momento, la jerarca decidió no prorrogar el nombramiento interino de la misma.

2010: No se dictaron las medidas de protección a tiempo para salvar a Kardileth Delgado Noguera

Kardileth Delgado Noguera tenía apenas 11 años cuando murió. Su cuerpo estaba enterrado en el patio de una casa.

El PANI recibió una denuncia anónima el 30 de septiembre de 2009 apuntando supuestos abusos sexuales contra una niña en Paquera, Puntarenas. Se sospechaba que la mamá enviaba a la niña a trabajar a la casa del victimario.

Personeros del PANI interpusieron una denuncia penal ante el Ministerio Público, mientras que la Fiscalía le solicitó al Poder Judicial un equipo interdisciplinario para realizar una valoración del caso. Dicha valoración fue programada para el 24 de febrero de 2010, casi cinco meses después.

El PANI realizó un plan de trabajo para la niña, pero se le atendió solo en una ocasión y no se dictaron a tiempo las medidas respectivas de protección, como el traslado a albergues o la intervención del caso.

Para el 11 de febrero, la pequeña Kardileth ya había sido asesinada.

2008: Tres niños envenenados por su propia madre y ningún responsable

El PANI recibió el 16 de setiembre de 2008 una denuncia anónima por supuesta negligencia de los padres de cuatro niños en Kurrú de Purral, Goicoechea.

Una de las funcionarias intentó realizar una visita en la casa de los niños, pero no la concretó alegando que la dirección era incorrecta, el mismo error que el PANI alegó en el caso de 2019 citado anteriormente sobre la muerte de la niña de 5 años en Alajuela.

Tras lo sucedido, el PANI, entonces, abandonó el caso. Según funcionarios de la entidad, la dirección de la casa resultó ser la correcta e incluso hubiera sido posible llegar a la vivienda e intervenir desde un principio.

Pero eso no fue lo que ocurrió. A los meses, el 6 de febrero de 2009, los titulares de medios nacionales daban a conocer la trágica muerte de tres de los cuatro niños, quienes, al igual que el padre, fueron envenenados por la madre, quien prendió la casa en fuego para quitarse la vida y eliminar las evidencias.

Se trataba de una niña de 5 años, otra de 3 y un bebé de dos meses.

A raíz de la muerte de la madre, nunca se pudo responsabilizar a nadie por las muertes.

La respuesta del PANI sobre ambos casos a este medio:

Por su parte, el PANI le confirmó a Teletica.com que la funcionaria, quien falleció, fue sometida a un proceso disciplinario. 

La entidad también asegura que en ninguno de los casos mencionados en esta nota trascendió una denuncia penal contra los funcionarios.