La ‘prioritaria’ ruta a San Ramón esperaría varios años más para ser una realidad

Si bien es cierto la construcción de una carretera no es un proceso rápido, a la nueva vía entre San José y San Ramón se le augura un panorama lento.

Al menos así lo considera el ministro de Planificación Roberto Gallardo, quien fue claro en indicar que “de seguro no será este gobierno quien inaugure la carretera”.

Los costarricenses tienen claro que haber ganado la lucha contra la concesión, trae consigo un atraso en el inicio de una vía, declarada ‘prioritaria’ por un gobierno que no tiene el presupuesto para dar el banderazo de salida con la construcción.

Ahora enfocan sus esfuerzos en lograr un consenso con la ciudadanía para hacer la vía que el país necesita.

El martes tras el Consejo de Gobierno, la mandataria Laura Chinchilla explicó que se abrirá un proceso de consulta para escuchar las propuestas de quienes dicen tener soluciones.

Temas de diseño, financiamiento y montos de la obra, serán algunas de las sugerencias que recibirá un grupo de expertos de la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico.

De momento, una licitación para reforzar el puente de la platina y contratos de conservación vial, son “la garantía de más parches en esa carretera”.

Vías de contratación

El proceso de consulta que abrirá el gobierno se canalizaría en al menos tres alternativas para desarrollar este proyecto. Sin embargo, para que esto dé inicio, gobierno y expertos sostendrán una reunión donde determinarán metodologías de trabajo y el plazo para concluir las propuestas.

Una vez que salgan esas tres opciones, se analizaría: el financiamiento, la piedra en el zapato de la ruta San José - San Ramón.

El ministro de Planificación considera dos escenarios como vías para sacar el proyecto: avanzar por etapas o una licitación.

“Una vía de contratación que tiene el país para construir esta obra es mediante la licitación, porque no se puede hacer contratación directa por un monto tan alto como el que se necesita”, explicó.

El Consejo Nacional de Vialidad tiene un presupuesto anual de $150 millones, monto muy inferior al requerido, por lo que “se tendría que considerar algún préstamo o aumento en peajes” para generar recursos.

Gallardo explica que si la vía, se construye por etapas ante la falta de presupuesto de CONAVI, “siempre se tendría que hacer cartel de licitación, sacar concurso y dar inicio a las obras”.

Y si se considerara un empréstito, éste tendría que ir a la Asamblea Legislativa para su aprobación y después hacer la licitación de la obra.

Gallardo concluye señalando que no desea especular cuánto tiempo tendrán que esperar los ticos para usar la nueva vía, pero que se pueden revisar otras experiencias en la Administración Pública.

“Un buen parámetro sería el plazo de la licitación Cañas –Liberia”. Según confirmó el CONAVI, el cartel de licitación se publicó en 2011 y las obras arrancaron en mayo del año anterior.

El experto en Derecho Administrativo, Bernan Salazar también asegura que la vía no saldrá en esta administración.

Explica que en las licitaciones lo que toma más tiempo es la elaboración del cartel. “Entre la presentación de los atestados por parte de oferentes, posibles apelaciones a la adjudicación y dejar en firme el nombramiento, se toma al menos tres años”, sentenció el experto.

¿Falta de voluntad política?

Paúl Brenes, representante de Foro de Occidente, dice que “si existiera voluntad política, la ruta se podría construir inmediatamente”.

Ante la consulta de cuánto están dispuestos a esperar los vecinos de Occidente, Brenes comentó que “si nos teníamos que atrasar dos años para quitarnos una amenaza de 30 años, lo vamos a hacer”, refiriéndose a lo acontecido tras frenar la concesión.

Para él, el país está en condiciones sobradas de construir carreteras, pero “ellos (el gobierno) se limitan y van a salir con una posición institucionalista”.

Los vecinos de Occidente consideran que hay opciones, sea un fideicomiso, con los peajes o incluso el sistema de “llave en mano”.

“Así fue como se hizo el hospital de Alajuela: se contrató una empresa que lo hiciera y después se le canceló. En este caso una empresa podría asumir la obra, y se le cancelaría con los peajes”, concluyó.