Justicia cierra puerta a conciliaciones en millonarios reclamos por horas extra de policías

El Ministerio de Justicia y Paz (MJP) se niega a siquiera valorar conciliaciones por los de reclamos de horas extra efectuados por oficiales de su Policía Penitenciaria.

La cartera ha rechazado acuerdos que le pudieron ahorrar hasta ¢30.000 millones, bajo el argumento de que no tiene cómo pagarlos por la crisis fiscal que atraviesa el país.

Esta postura consta en reiterados oficios y correos electrónicos que incluso llegaron al despacho del presidente Rodrigo Chaves, a los cuales Teletica.com tuvo acceso.

También se desprenden de respuestas dadas a este medio por las oficinas de prensa del Ministerio de Justicia y la Procuraduría General de la República (PGR), así como entrevistas realizadas a dos de los representantes de una buena parte de los procesos laborales iniciados por los funcionarios.

El abogado Javier Retana, quien vela por los intereses de más de 1.500 servidores, explicó que ha hecho por lo menos seis intentos por alcanzar un acuerdo de pago, para frenar lo que llamó una “bola de nieve”, que crece cada día con los intereses, indexaciones y costas, hasta alcanzar —según sus cálculos— los ¢50.000 millones.

Los primeros intentos los puso en marcha en 2022, poco después de que Gerald Campos tomara las riendas de la institución.

Todavía en 2024, el jurista hizo gestiones formales en la Casa Presidencial, desde donde en su momento se giraron instrucciones a ese ministro, así como a sus homólogos Nogui Acosta (Hacienda) y Natalia Díaz (Presidencia).

Tal vez el acercamiento más serio se remonta al 21 de setiembre de 2023, cuando Retana alcanzó a reunirse con Campos y su viceministra de Gestión, Carolina Castro.

El abogado aseguró que ese día él planteó dos posibilidades que le permitían a la cartera ahorrase entre ¢15.000 millones y ¢30.000 millones, a través de planes de pago que frenaban el cómputo de los intereses, parte de las costas (incluso, señaló que él estaba dispuesto a dejar de cobrar una parte de las que le corresponden).

"El ahorro que se le planteó a don Gerald (Campos) fue inicialmente de ¢15.000 millones, pero podíamos llegar incluso hasta ¢30.000 millones ya con otro tipo de negociaciones. Pero inicialmente no quiso abrir ninguna oferta. En realidad nada más se quedó con los números y no dijo ni siquiera cómo lo vamos a hacer o cómo se podría implementar. Y él de plano la rechazó.

"Más bien dijo una frase muy irónica de que con eso yo hago tres cárceles. O sea, con lo que me dio a entender que cada cárcel ronda alrededor de los ¢5.000 millones", contó Retana.

Tras ese encuentro, el 5 de octubre de 2023, el ministro envió una misiva a su contraparte para reiterarle que la institución no estaba en condiciones de poder pagar.

El titular mencionó en el oficio MJP-DM-808-2023 que la cartera había efectuado los trámites correspondientes en los procesos que le habían sido notificados por la Abogacía del Estado.

"No obstante, tal y como se le indicó en dicha reunión con base en el principio legal 'IMPOSSIBILIUM NULLA OBLIGATIO EST' (nadie está obligado a lo imposible), por situaciones de escasez de personal y, sobre todo, por circunstancias de compleja crisis presupuestaria que atraviesa el Estado, se han realizado todas las acciones dentro del marco de competencia y alcance de presupuesto asignado, para atender los compromisos que posee el Ministerio de Justicia y Paz con sus funcionarios técnicos, administrativos y cuerpo policial.

"Asimismo, reitero que para el 2024 se solicitó en el presupuesto ordinario para ese periodo la creación de plazas que vendrían a reforzar la labor constante que realiza el Departamento Gestión Institucional de Recursos Humanos, entre ellos el tema de ejecuciones de sentencia y contratación de personal", dice el documento.

La respuesta enviada al representante legal aclara que la aprobación de aquel presupuesto no dependía de la cartera, sino de la Asamblea Legislativa.

Asimismo, el documento enfatiza la entidad no puede dejar de cancelar sus adeudos, pero que continuaba en la búsqueda de opciones para solucionar los pendientes.

Sobre el particular, en la misiva MJP-DM-0267-2024, Campos detalló a Retana “una serie de actuaciones que evidencian los acuerdos y pagos” llevados a cabo por la cartera.

Ahí se confirmó la aprobación de las nuevas plazas para tramitar el asunto y reforzar la capacidad de la oficina encargada del manejo de personal.

"No se omito indicar que este despacho, así como el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Hacienda, tenemos el compromiso inexorable con nuestros policías penitenciarios, el cual coexiste con el deber de proteger al erario público", subraya el documento.

Posición persiste

Contrario a lo mencionado por Gerald Campos en el último oficio mencionado, Javier Retana dice que ninguno de sus representados ha empezado a recibir pagos y ni siquiera tiene claro si el Ministerio de Justicia siquiera presupuestó recursos para iniciar con los pagos.

En esa misma línea se manifestó el abogado Fabián Gamboa, representante de otros 300 oficiales.

De hecho, este jurista planteó recientemente otra propuesta de acuerdo. No obstante, el resultado fue el mismo, como se extrae del oficio VGE-0138-2025, en el que la viceministra Carolina Castro comunica al procurador Édgar Valverde su negativa a conciliar.

"Al respecto, tras analizar la posibilidad de conciliación en este caso específico, y considerando que forma parte de un conjunto más amplio de casos en proceso de resolución o ya resueltos, la institución, en cumplimiento de sus deberes y bajo el principio administrativo primero en tiempo, primero en derecho, se encuentra actualmente enfocada en la atención responsable y ordenada de dichos casos.

"Por lo anterior, se estima que, a pesar de que sería favorable iniciar un proceso conciliatorio, en este momento consideramos pertinente no gestionar la misma, derivado de manera adicional a la disponibilidad de recursos con los que cuenta actualmente la administración los cuales ya están destinados precisamente a la atención de las obligaciones de más larga data", indica el documento.

Al respecto, la Procuraduría explicó mediante su oficina de prensa que Justicia tiene sus recursos comprometidos para el pago de otros procesos judiciales con mayor antigüedad, por lo que le resultaba “jurídicamente inviable” acceder a ejecutar un pago sin contar con los fondos necesarios, ni la certeza de que para 2025 (plazo dado por el ejecutante) logre obtenerlos.

Pero Gamboa criticó el accionar que ha tenido la cartera en torno a los casos que representa.

"El Ministerio de Justicia y Paz tiene años de conocer de estos reclamos y actualmente no ha tomado las medidas presupuestarias necesarias para cancelarle a los policías penitenciarios este tiempo que trabajaron. Actualmente, hemos tenido que acudir al proceso de ejecución de sentencia en vía judicial, para que sean los jueces de Trabajo los que impongan controles a la administración", señaló el abogado.

Frente a este caso particular, la cartera defendió mediante su departamento de comunicaciones que los asuntos son “de naturaleza estrictamente legal” y que “responden al firme compromiso de proteger los fondos públicos”.

La institución puntualizó que todas las decisiones se han llevado a cabo en forma coordinada con la Abogacía del Estado.

"En consecuencia, cualquier afirmación que sugiera un detrimento de los intereses públicos carece de fundamento y resulta temeraria; por el contrario, nuestras acciones tienen como objetivo resguardar el patrimonio público y garantizar la correcta utilización de los recursos del Estado", enfatizó Justicia mediante su departamento de comunicaciones.

Por su parte, Retana aseguró que, “a pesar de la desidia y la negligencia” de la cartera, se mantiene abierto a conciliar.

Teletica.com dio a conocer que, hasta el 9 de setiembre de 2024, el Ministerio de Justicia contabilizaba 1.129 casos en etapa de Ejecución de Sentencia por reconocimiento de horas extras, que entonces se mantenían bajo gestión de cálculo de la Unidad de Relaciones Laborales.

Sobre el origen del problema, el ministerio insiste en culpar a gobiernos anteriores.

Al respecto, este medio procuró en su momento que se especificara el monto que se adeudaba a ese grupo, pero no se recibió respuesta a la consulta enviada el 9 de octubre de 2024. También se tiene en trámite una consulta adicional ante la oficina de prensa, en relación con la reunión del 21 de setiembre de 2024.