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Jurisprudencia no respalda aspiración del MEP de cobrar salarios a sus huelguistas

Falta de claridad en el Código de Trabajo da pie a una interpretación que le sigue dando la espalda al Estado en su intención de recobrar los salarios pagados a quienes participaron en la huelga

Juan José Herrera 18/12/2018 04:21

La aspiración del Ministerio de Educación Pública de recuperar los salarios pagados a los educadores que se sumaron a la huelga nacional choca contra el veredicto que han dictado los jueces un sus declaratorias sobre la legalidad del movimiento de protesta contra el plan fiscal.

Hasta ahora, todas las declaratorias de ilegalidad que se han resuelto en segunda instancia han determinado que los patronos no pueden recuperar los dineros pagados a sus trabajadores durante el tiempo que duró el movimiento, un fallo amparado en la falta de claridad que ofrece el Código Laboral.

“Los juzgados están realizando una interpretación proteccionista de la norma porque efectivamente existe poca claridad en ese tema de una posible recuperación de salarios devengados. 

"La ley es clara en el tema de despidos, pero se está interpretando que ese plazo de 24 horas que se definió para evitar el despido también se aplica para evitar el rebajo”, aseguró la abogada laboral Paola Gutiérrez.

El Código de Trabajo detalla en su artículo 385 que si una huelga es declarada ilegal en firme (segunda instancia) el patrono podrá despedir al empleado en paro si este no regresa a laborar en un plazo máximo de 24 horas luego de esa resolución.

Los jueces, hasta ahora, han determinado que el mismo principio aplica en el ámbito salarial.

“Lo curioso es que el Código en el (artículo) 386 sí específica que si la huelga es legal hay que pagarle al trabajador, pero los jueces no interpretan lo contrario en caso de la ilegalidad”, añadió Gutiérrez.

En esa misma línea se pronunciaron los juristas Osvaldo Madriz y Marco Durante, también expertos en el tema laboral.

Madriz aseguró que su interpretación de la norma precisamente sería a favor de la aspiración del MEP y el Estado de que se puedan cobrar esos salarios que se pagaron a cientos de trabajadores que no cumplieron con su relación contractual.

“¿Cuál sería la responsabilidad de los trabajadores entonces si la huelga se declara ilegal y no tienen que asumir ninguna consecuencia? Se estaría fallando en el espíritu de la ley”, cuestionó Madriz.

Durante, por su parte, aseguró que él no ve ningún problema en que esos cobros se realicen, pero está seguro de que la posición de los jueces será diferente.

“Hay un vacío legal importante que da pie a esta interpretación y esa es la posición que está imperando. Todas las sentencias de primera y segunda instancia han dicho lo mismo, por eso la posibilidad de recuperar esos pagos se ve lejana.

“Yo no vería ningún problema en que se hagan esos cobros, hay una norma complaciente de que un trabajador pueda no tener ningún tipo de sanción pese a esa ilegalidad. No se trata de un rebajo salarial, es recuperar dineros que se pagaron pese a que el trabajador no laboró”, explicó.

¿Por qué esa interpretación?

Según Marco Durante, los jueces se están amparando en un voto de la Sala Constitucional de 2011 que se pronunció en esa línea; sin embargo, el fallo se hizo para una empresa privada, no en el ámbito público.

“Sé que precisamente hay presentadas al menos dos acciones de inconstitucionalidad contra esos fallos en segunda instancia que buscan que se aclare si esa interpretación estuvo correcta o no y que siente además un precedente a futuro”, aseguró el abogado.

Esas acciones fueron presentadas por Correos de Costa Rica y la Municipalidad de Santa Ana, dos de las instituciones que han recibido un fallo de ilegalidad en firme.

“Nuestra intención era realizar esos cobros. Una vez que nos llegó el fallo y en el considerando diciendo que no se podían rebajar, lo entendimos y lo acatamos.

“Sin embargo, con esa acción lo que buscamos es tener esa certeza jurídica a futuro, no necesariamente para esta huelga, pero sí para saber qué podemos hacer en situaciones similares el día de mañana”, explicó la vicealcaldesa de Santa Ana, Laura Carmiol.

Carmiol aseveró que están claros en que es difícil que ese fallo permita realizar cobros retroactivos de esta huelga, pero esperarán la respuesta de la Sala.

Complicado

El ministro de Educación, Édgar Mora, ha sido claro en diferentes oportunidades que buscarán hasta el último momento recuperar los salarios que se le pagaron a todos aquellos trabajadores del ministerio que participaron del movimiento, siempre y cuando exista esa declaratoria de ilegalidad en firme. 

El MEP, sin embargo, se negó a ofrecer una entrevista en este tema pues aseguró que cualquier consulta de índole jurídico solo se responde vía correo electrónico.

Por esa vía, el director de asuntos jurídicos del ministerio, Mario López, reiteró que el eventual rebajo de los días no laborados se determinará hasta que exista esa eventual sentencia en firme sobre la ilegalidad del movimiento.

A él también se le consultó cuál sería el proceder del MEP para recuperar esos dineros en caso de que el juzgado avalara esa aspiración, pero se le limitó a decir que eso le correspondería al departamento de Recursos Humanos definirlo.

Una de esas posibilidades, tal vez la más realista, es que se realicen arreglos de pago con los trabajadores que participaron de la huelga. En ese caso le tocaría al ministerio -y por ende el Estado- asumir la devaluación de esos dineros que recuperarían mucho tiempo después.

¿Qué viene?

Desde la Asamblea Legislativa, el diputado y jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Carlos Ricardo Benavides, impulsa un proyecto que pretende cambiar la reforma procesal laboral para agilizar las declaratorias de legalidad y minimizar el impacto de las huelgas a patronos y trabajadores.

Precisamente su iniciativa fue votada este lunes en el Plenario para poder tramitarse por la vía rápida. 47 diputados estuvieron de acuerdo y cinco se opusieron.

Los legisladores determinaron crear una comisión especial para estudiar el derecho a huelga, esta tendrá un plazo de cuatro meses para presentar un informe final.

El proyecto busca entre otras impedir las huelgas en servicios esenciales, reducir a máximo dos semanas los tiempos que tienen los juzgados para realizar sus declaratorias y permitir los rebajos salariales retroactivos en caso de que las huelgas sean declaradas ilegales.

“La reforma procesal laboral fue un fiasco en materia de huelga y algo que debe corregirse. El país cayó en la trampa y se convirtió en uno de los pocos, sino el único, que ahora paga las huelgas. Los sindicatos lograron que se les pague sin importar cuántos meses se ausenten de sus trabajos, es como estar de vacaciones”, aseguró Benavides.

El diputado aseguró que entre sus propuestas está la que ese tiempo no laborado se tenga que reponer si es que el trabajador no quiere devolver el dinero.

“Para esta huelga ya hay poco qué hacer en este aspecto, pero queremos que las reglas queden claras a futuro y que no seamos los costarricenses los que terminemos pagando las huelgas, porque en esta última perdimos todos”, finalizó.

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