Juez decidirá el viernes si manda a juicio a rector de UCR por no abstenerse en votación
La audiencia preliminar de Carlos Araya no sufrió cambios de fecha y se celebrará desde las 8:30 a. m. de forma virtual.
El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública conocerá el próximo viernes una solicitud para que se abra juicio contra el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya.
La audiencia preliminar para tal fin se mantiene para las 8:30 a. m., en modalidad virtual, confirmó a Teletica.com el defensor del académico, Gerardo Huertas.
Inicialmente, el abogado había pedido que la vista se adelantara en virtud de un choque de agendas con otro señalamiento pero, finalmente, la programación se mantuvo y el jurista recibió visto bueno de otro órgano jurisdiccional para que pudiera atenderla.
Se espera que la audiencia culmine antes de las 12:00 m. d.
Específicamente, en este espacio, un juez revisará la acusación presentada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), así como la querella (acusación privada) y la acción civil resarcitoria (reclamo económico) de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP).
Luego, el decisor se pronunciará si ordena o no la celebración del debate oral y público, como lo pretenden el Ministerio Público y la Abogacía del Estado.
En el caso del académico, se le atribuye no haberse abstenido de votar una moción que pretendía separarlo del conocimiento de asuntos relacionados con la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones de la casa de enseñanza superior, con el fin de evitar eventuales conflictos de interés.
Araya supuestamente se pronunció en contra del planteamiento y, con esto, consiguió que este no se materializara. Dicha situación ocurrió el 1.° de abril de 2025 en una sesión ordinaria del Consejo Universitario (CU).
Tanto el rector como su representante legal defienden que, tan solo un día antes, se trasladó la competencia de esa estructura interna de la institución educativa a otra instancia, por lo que la inhibición no procedía.
Huertas cree que, en virtud de lo anterior, se incumplen los requerimientos para que se materializara el delito en cuestión y, por ende, lo que procede es que el órgano jurisdiccional dicte un sobreseimiento definitivo en favor de su cliente.
Reiteradamente, el abogado ha sostenido que el Ministerio Público ha ignorado los descargos hechos en el proceso.
Además del sobreseimiento, Huertas adelantó que solicitará al Juzgado Penal de Hacienda que condene al Estado a pagar las costas por haber hecho una acusación "ligera" e "irresponsable".
