Gobierno desconvoca proyecto de Uber tras amenazas de taxistas
El Ejecutivo retiró este lunes el expediente 21.587, apenas 48 horas después de haberlo convocado.
El Gobierno anunció esta tarde la desconvocatoria del proyecto 21.587 que propone regular la operación de Uber, DiDi y otras plataformas digitales de transporte en el país.
El decreto, firmado por el presidente Carlos Alvarado y el ministro de la Presidencia Marcelo Prieto, llega apenas dos días después de que el expediente fuera convocado a las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa.
Se da, además, pocas horas antes del plazo máximo de 72 horas que los gremios de taxistas formales le dieron al Ejecutivo para retirarlo, caso contrario se lanzarían a las calles este martes para manifestarse.
La polémica iniciativa es la propuesta que barajan los diputados para solucionar el tema de estas plataformas en el país, que tras cinco años siguen operando en la ilegalidad sin que el Gobierno haga nada por regularlas.
La iniciativa en realidad sigue verde: se presentó como un proyecto de consenso en setiembre de 2019 que sustituyó el texto presentado por el Ejecutivo, pero nunca logró salir de la subcomisión de Asuntos Económicos.
A grandes rasgos la propuesta establece el pago de ₡9 millones a las plataformas para registrarse en el país. Ese registro deberá renovarse cada cuatro años.
Además establece que las personas que presten el servicio de transporte por medio de estas aplicaciones deberán cancelar el 13% correspondiente al Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA).
Ese texto eliminaba además el pago de cualquier tipo de compensación económica para el gremio de taxistas formales, tal cual había propuesta el Ejecutivo en el proyecto original.
Sin embargo, ese expediente en realidad fue la respuesta de los diputados a una promesa que habían lanzado al sector transportista de tener una solución para setiembre de 2019, pues como reconocieron los propios legisladores ese consenso no existe ni siquiera dentro de la propia comisión.
El retiro del proyecto por parte del Gobierno sumará otros tres meses a la extensa falta de respuesta que ha tenido el Gobierno en esta materia y que mantiene en pie de lucha a los taxistas y porteadores.