Futuro de escuchas telefónicas del caso Diamante será resuelto por escrito
La barra de la defensa pidió que se rechace de plano el intento de la Fiscalía por mantener con vida las intervenciones de las comunicaciones realizadas en el escándalo de supuesta corrupción.
El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública comunicará por escrito si acoge o no el recurso que el Ministerio Público presentó contra la anulación de las intervenciones telefónicas del escándalo de presunta corrupción conocido como Diamante.
Así lo comunicó a las partes la jueza Ivannia Delgado al cabo de la audiencia clave celebrada este lunes, en la que se conoció la apelación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) contra una resolución del 10 de diciembre de 2025.
Específicamente, ese día se ordenó separar del expediente 20-009616-0042-PE toda la prueba derivada de las escuchas telefónicas; lo que, de quedar en firme, implica un golpe letal para la investigación que se sigue contra los exalcaldes Johnny Araya (San José), Arnoldo Barahona (Escazú), Humberto Soto (Alajuela), Alfredo Córdoba (San Carlos) y Alberto Córdoba (Osa); así como el actual gobernante local Mario Redondo (Cartago).
Lo anterior en el tanto que esas intervenciones de comunicaciones se realizaron a partir de una declaratoria de crimen organizado —figura que habilita la posibilidad de escuchar llamadas— sobre la que el 10 de febrero de 2025 se dictó una ineficacia, luego de que se detectara que en la resolución se usó un machote.
Desde la barra de la defensa sostienen que el recurso del Ministerio Público debe declararse inadmisible, en tanto que incumple los requisitos estipulados en el Código Procesal Penal.
"El Ministerio Público en la mañana presentó su apelación nos dieron audiencia a todas las partes. Las partes nos referimos en dos vías: en la primera, nos pronunciamos sobre la admisibilidad del recurso, y en la segunda, sobre el fondo.
"La Fiscalía, evidentemente, solicitó que se declare con lugar su apelación. Y el resto de las partes, requerimos que, en el análisis de la admisibilidad del recurso, se declare el mismo inadmisible; todos posicionamos lo mismo. Y sobre el fondo, si se acogiera la posibilidad de estudio del fondo, pues que se declarará sin lugar por estar la resolución del 10 de diciembre de 2025 apegada a derecho", explicó a Teletica.com el abogado de uno de los sospechosos de apellido Castro, Joaquín Pérez.
El jurista fue enfático en que respetará lo que resuelva Delgado y adelantó que ello será oportunamente analizado.
Sobre los motivos alegados en la apelación, este medio mantiene en trámite una solicitud ante la oficina de prensa de la Fiscalía.
