Fiscalía y Hacienda: Umbral de $50 mil para perseguir capitales emergentes es un escudo de impunidad
El proyecto para reformar la Ley contra la Delincuencia Organizada da potestades a distintas entidades para que secuestren bienes que reflejen crecimientos patrimoniales sospechosos, únicamente a partir de esta cifra y con una retrospectiva hasta de 10 años.
Tanto el Ministerio Público como el Ministerio de Hacienda consideran inconveniente colocar un umbral de 50 mil dólares para poder actuar en contra de los capitales emergentes.
El pasado 13 de mayo, se aprobó en primer debate un proyecto para reformar la Ley contra la Delincuencia Organizada (expediente 22.834), de manera tal que la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, el Instituto Costarricense sobre Drogas y el Ministerio Público puedan secuestrar de manera anticipada al proceso judicial, los bienes que consideren tienen un origen sospechoso, si estos responden a un incremento de capital igual o superior a los 50 mil dólares o su equivalente en otra moneda, y con una retrospectiva hasta de 10 años.
A esta ley que se pretende reformar se le conoce también como ley de 'capitales emergentes', en referencia a aquellos capitales que se sospecha podrían tener en su origen en una actividad ilícita. El proyecto como tal pretende la persecución del bien, no la condena de la persona a través de un proceso penal.
De acuerdo con el fiscal adjunto, Warner Molina, cuando el Ministerio Público planteó el proyecto, la idea era fortalecer el accionar de este ente judicial en la materia de capitales emergentes; sin embargo, nunca contemplaron que fuera necesario un umbral, ya que consideran que los umbrales han sido siempre un escudo de impunidad.
De hecho, actualmente no existe un umbral para la persecución de capitales emergentes, lo que hace que se entreguen en depósito judicial provisional dineros con montos incluso menores a los mil dólares. Por esta razón, desde la Fiscalía, se considera que colocar un monto mínimo en la reforma sería un retroceso.
“Lo hemos visto en materia tributaria con los 500 salarios base, que no se puede perseguir a un evasor fiscal si la defraudación no supera los 500 salarios base, no tiene ninguna justificación técnica. Tampoco tiene ninguna justificación técnica el umbral en materia aduanera, y ahora nos encontramos con esta iniciativa de querer meter un umbral en capitales emergentes. Por supuesto que no estamos de acuerdo, porque esto impide al Ministerio Público, en aquellos casos en donde sea absolutamente necesario gestionar una medida cautelar anticipada, poder hacerlo si no se supera el umbral de 50 mil dólares”, comentó Molina.
El fiscal adjunto recordó que la reforma pretende que se pueda someter a discusión el patrimonio sospechoso de toda índole y, en ese sentido, considera que 50 mil dólares es una cifra muy alta que se convierte en una limitante que no tenían prevista.
“Puede haber crecimientos patrimoniales por 49.000 dólares y entonces quedamos por fuera de la posibilidad de gestionar una medida cautelar anticipada”, agregó el fiscal adjunto.
Esta posición coincide con la de ministro de Hacienda, Nogui Acosta, quien también indicó que la reforma no debería señalar un monto mínimo para poder emprender una acción.
“Yo creo que aquí hay un tema fundamental: cualquier incremento patrimonial, independientemente del monto que sea, que no se pueda justificar, debería estar sujeto a investigación. El Ministerio está de acuerdo en la necesidad de perseguir el ilícito, cualquiera que sea el monto”, comentó Acosta.
Si bien el texto fue aprobado en primer debate, existen dudas por parte de algunos legisladores, relacionadas justamente con el umbral, pero también con el rol que puedan tener Hacienda, Contraloría y el ICD en secuestro de bienes, así como del riesgo de violentar la presunción de inocencia.
El tema se continuará discutiendo en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, con la posibilidad de que pueda surgir un nuevo texto con modificaciones.
