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La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental solicitó al Tribunal Penal de Pérez Zeledón que se imponga un total de nueve años de prisión contra un hombre de apellidos Víquez Mora, acusado por usurpar y contaminar el cauce del río Buena Vista, en Rivas de Pérez Zeledón.

Se trata de las penas máximas establecidas para los delitos de usurpación de bienes de dominio público, cuatro años; arrojar sustancias contaminantes a cuerpos de agua, tres años de prisión; y usurpación de aguas, con una pena de dos años de cárcel; además de solicitar la imposición de 100 días multa por el último delito.

Con sustento en la investigación y en las pruebas aportadas ante el Tribunal, la representación fiscal consideró que las conductas ilícitas de Víquez tuvieron su origen en diciembre del 2013, cuando el acusado inició un trámite para obtener una concesión de aprovechamiento de agua.

En dicha petición ante la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el imputado solicitó captar 350 litros por segundo del río Buena Vista y dirigirlos a una finca suya.

Pruebas. Al 26 de abril del 2016, el hombre había construido 11 estanques para acuicultura en la propiedad mencionada, captó agua del río y la canalizó hasta las piletas, pese a no contar con los permisos respectivos; en el lugar produjo y comercializó trucha, por medio de la sociedad anónima Truchas Reales de Costa Rica.

Esto ocurrió a pesar de que, en marzo del 2015, un funcionario de la Dirección de Aguas realizó una inspección en la finca y previno a Víquez de que, pese a su solicitud de concesión de agua, de tomar y usar cualquier cantidad del líquido sin autorización cometería el delito de usurpación de aguas.

Como parte de las irregularidades detectadas, se cree que, entre el 26 de abril de 2016 y el 30 de mayo de 2017, el imputado desvió y tomó a su favor desde 328 hasta 1.344 litros de agua por segundo, los cuales utilizó en los estanques de acuicultura.

Incluso, el 04 de mayo del 2016, Víquez habría captado la totalidad del líquido que discurría por el río Buena Vista, sin dejar agua remanente para terceras personas o para la vida silvestre de la zona.

Además, la Fiscalía Ambiental lo acusó de haber construido un canal de desagüe de los tanques, mediante el que arrojó al cauce del río aguas residuales que contenían excretas y restos de alimento para truchas, sin someterlas a un proceso de tratamiento previo y sin contar con el permiso de vertido.