Fiscalía investiga presunto tráfico de influencias en contrato del EDUS
La causa se abrió a partir de una denuncia formulada por la Dirección Jurídica de la Caja de Seguro Social contra el acuerdo que esa entidad mantiene con el Instituto de Electricidad.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) abrió una investigación por aparente tráfico de influencias en el contrato de soporte y mantenimiento del Expediente Digital Único en Salud (EDUS).
El expediente se abrió tras una denuncia formulada por la Dirección Jurídica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sobre la que Teletica.com informó el 15 de marzo.
La causa se tramita bajo el expediente 24-000102-1218-PE, confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público ante una consulta de este medio.
El caso es contra ignorado, lo que quiere decir que, por lo momento, no existen personas individualizadas como sospechosas de cometer el hecho.
La pesquisa se encuentra en la etapa de recolección y análisis de prueba, por lo que el órgano acusador se reservó los detalles de la investigación, en acatamiento a lo establecido en el artículo 295 del Código Procesal Penal.
Aparentes irregularidades
Pese a lo anterior, Teletica.com tuvo acceso a la denuncia presentada a la Fiscalía Anticorrupción. En ella se puntualizan una serie de supuestas anomalías desprendidas del contrato que la Caja de Seguro Social mantiene con el Instituto Costarricense Electricidad (ICE) desde 2017.
Es por ello que este medio solicitó un comentario al presidente ejecutivo de esa entidad, Marco Acuña Mora, pero este rechazó estar enterado sobre la queja o la pesquisa. Valga recalcar que este jerarca no figura como denunciado y que la solicitud se le planteó únicamente por su cargo.
"No conozco sobre la denuncia y tampoco hemos sido notificados de nada; sin embargo, estamos siempre propensos a este tipo de cosas en la gestión pública", señaló Acuña Mora al cabo de una conferencia de prensa realizada en el edificio Jorge Manuel Dengo Obregón.
En la queja se enumeran 17 hechos que, desde la perspectiva de la Dirección Jurídica, pueden ser constitutivos de algún tipo penal.
"Quienes suscriben, manifestamos nuestra preocupación dado que en el contrato de cita se evidencia una aparente separación entre las conductas de las partes contratantes y los procedimientos reglados de compra, una aparente falta de contextualización entre el objeto contractual y su ejecución, se evidencia en grado de probabilidad inconsistencias en la documentación y control del contrato, siendo esto, hechos que en nuestro criterio debe investigarse, pues se trata de una contratación de alta cuantía y relevancia social, desconociendo, al momento, si este aparente incumplimiento de rendición de cuentas y evaluación de resultados y omisión de procedimientos de ley, favorece contra derecho intereses de terceros", se lee en el documento.
Puntualiza la denuncia que en la contratación, aparentemente, se incumplieron los requisitos contemplados en el artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa para las relaciones contractuales entre sujetos de derecho público. Específicamente, se menciona que en el expediente administrativo consta facturación de empresas distintas al Instituto de Electricidad.
"Al respecto, se arroja en grado de presunción que el porcentaje de subcontratación podría ser superior al establecido por ley (50%), con ello, no solo se estaría infringiendo la norma legal que regula la materia, sino que podría implicar que se esté dando la apariencia de bondad a la contratación de un sujeto de derecho privado pero; al amparo del texto de las normas jurídicas que regulan la contratación por excepción entre sujetos de derecho público, con prescindencia de las normas y procedimientos de contratación pública ordinarios, con lo cual surge la inquietud de si dicha situación podría estar causando un resultado que no es conforme a la satisfacción de los fines públicos y el ordenamiento jurídico", reza la queja.
Se plantean además posibles irregularidades relacionadas con pagos por servicios de menor calidad o no recibidos, relacionados con el estado de emergencia por el COVID-19 o el ataque informático que sufrió la Caja.
También se reportan aparentes servicios brindados de centros hospitalarios que estaban fuera del contrato y la inclusión en el expediente de documentos que no tienen que ver con el soporte y mantenimiento de la plataforma, entre otros asuntos.
