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Este jueves fue firmada la ley 9780 para la implementación de unidades de guardavidas en playas nacionales y la creación de la Comisión Nacional para la Prevención y Atención de Ahogamientos.

Esta ley tiene como objetivo dar seguridad y proteger la vida e integridad de quienes vacacionan en las costas, tanto turistas nacionales como extranjeros.

La comisión está adscrita del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) e integrada interinstitucionalmente por ministerios de Turismo, de Seguridad y de Salud, así como de la Cruz Roja Costarricense, la Cámara Nacional de Turismo, organizaciones de sociedad civil y municipalidades costeras.

La actividad se desarrolló en el helipuerto de Casa Presidencial con la presencia, además, de la Embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, Sharon Day, el director nacional de Gestión de Riesgo de la Cruz Roja, Jim Batres, diputados impulsores de la legislación y de cuerpos de Guardavidas y de Guardacostas.

 “La garantía de contar con zonas seguras nos permite fortalecer la imagen del país y fomentar la industria turística costarricense mediante la prevención, atención y mitigación de riesgos”, comentó Marvin Rodríguez, segundo vicepresidente de la República.

El ICT junto con la Comisión Nacional para la Prevención y Atención de Ahogamientos será la encargada de dictar los lineamientos generales para la prevención y atención de accidentes por inmersión, así como realizar un listado preventivo de playas nacionales, según su nivel de peligrosidad.

Además, definirá las características de señalización y demarcación que se tienen que utilizar, instruirá las condiciones, equipo y características mínimas que deben tener las unidades de guardavidas e indicará cuáles playas requieren implementación de estas unidades y para cuando.

“Uno de los principales pilares de la seguridad turística es la prevención de la incidencia de muertes por inmersión. Mediante la firma de esta ley y gracias al trabajo articulado en esta línea, el ICT honra su compromiso de garantizar la seguridad de miles de turistas”, señaló la ministra de Turismo María Amalia Revelo.

Antes de la entrada en vigor de esta ley, el ICT firmó en abril un convenio con la Cruz Roja para mejorar la capacidad de respuesta y atención de incidentes en el mar que involucran a bañistas.

El convenio contempló 150 millones que permitieron la contratación de 20 guardavidas certificados por seis meses para Manuel Antonio, Ballena y Cocles-Manzanillo, playas de alta visitación e incidencia de asfixias por sumersión.

También se destinó un presupuesto de 870 millones para ampliar este programa de guardavidas en los próximos tres años y la rotulación de 100 playas de alto riesgo.

En relación con la creación del Cuerpo Nacional de Guardavidas, el director nacional de Gestión de Riesgo de la Cruz Roja Costarricense, Jim Batres, comentó que la institución ha visto en la figura del guardavidas un elemento clave en la prevención de accidentes acuáticos.

Batres aseguró que cerca de 21.140 acciones preventivas se han realizado en los últimos cuatro meses en cinco playas del país, en el marco del convenio que tiene la institución con el ICT.

Este proyecto de Ley fue discutido en el periodo 2014-2018 e impulsado por el Ejecutivo y la Comisión de Turismo de la Asamblea Legislativa actual.