Este lunes se inició juicio por supuesta estafa de empresa Synthes contra CCSS
El debate arrancó con la lectura de las acusaciones por parte del Ministerio Público contra la empresa de insumos ortopédicos, acusada de estafar a la institución de salud por más de $2.3 millones.
Este lunes inició el juicio entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la empresa Synthes, acusada de estafar a la institución por $2.3 millones.
El debate arrancó con la lectura de las acusaciones que pesan contra la empresa y tres imputados: Lorenzo Ramón Castaño (representante legal), Johan Alfredo Masís Arrieta (vendedor de la empresa y exfuncionario del Hospital Max Peralta de Cartago) y Edwar Mario Aguilar Alcocer (funcionario de Synthes vinculado a materia de ventas).
El caso se remonta a inicios de 2014, cuando médicos del Hospital Calderón Guardia notaron anomalías en la tramitación de un importante grupo de facturas por la compra de gran cantidad de insumos utilizados en operaciones de ortopedia.
Según la acusación, Synthes y los imputados habrían utilizado pacientes de otras especialidades e incluso algunos ya fallecidos para justificar las facturas.
Además del Calderón Guardia, se descubrieron facturas presuntamente irregulares de otros centros hospitalarios como el México, Max Peralta y San Juan de Dios.
“Desde esta mañana, las acusaciones están siendo leídas por la representación del Ministerio Público y constan de 624 hechos, la correspondiente al Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, y 422 hechos, la del Hospital Max Peralta, por lo que se prevé que la lectura se prolongue durante varios días de esta semana”, dijo la Fiscalía.
Los delitos acusados son estafa mayor y tentativa de estafa mayor.
En términos generales, la Fiscalía investigó una serie de facturas presentadas por la empresa de insumos ortopédicos ante la Caja por materiales como placas, clavos, tornillos, alambres, agujas, pines, entre otros, que, supuestamente, habían sido utilizados en cirugías de pacientes.
Sin embargo, durante el desarrollo de las pesquisas se determinó que se trataba de facturas que hacían referencia a personas que no habían sido operadas o que sí lo habían sido, pero en otra área hospitalaria y, consecuentemente, no habían requerido de dichos insumos.
En el caso del Hospital Calderón Guardia se acusaron 68 facturas irregulares, algunas no pagadas por la CCSS, cuyo perjuicio económico fue valorado en $28.878, mientras que de las que sí fueron pagadas a la compañía se calculó un perjuicio de $61.991 (equivalentes a poco más de ₡14.700.000 y ₡33.916.000). Por hechos ocurridos en este hospital, se acusó a Castaño y a Aguilar.
En el caso del Max Peralta, bajo la misma modalidad, se acusó a Castaño y a Masís. Del muestreo se acusó un total de 60 facturas, las cuales habían sido pagadas por la Caja a la empresa.
El perjuicio económico determinado, según la muestra, fue de $38.441 dólares, equivalentes a poco más de ₡19.666.000.
Se estima que el juicio concluirá el 14 de agosto del 2020.