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Estado inició su reforma administrativa con eliminación de seis instituciones

Se trata de instituciones inactivas que, según el Ministerio de Planificación, no aportaban nada al desarrollo del país

El gobierno de la República inició su prometida reforma del aparato estatal con la eliminación de seis instituciones inactivas que no tenían personal, presupuesto ni cumplían “ninguna función sustantiva” para el país.

Se trata de la Junta de Fomento Avícola, la Junta de Fomento Porcino, la Junta de Fomento Salinero, la Junta Nacional de la Cabuya y la Casa Hogar de la Tía Tere.

Además, se derogaron los artículos de la Ley 7623 que daban vida a la Comisión Nacional para la Defensa del Idioma y se incluyó un transitorio que establece que el patrimonio de la Casa Hogar de la Tía Tere pasará a ser parte del Patronato Nacional de la Infancia.

 “Estas instituciones existían como un artificio jurídico. El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) analizó su estatus, el índice de gestión institucional y sus compromisos asociados con los planes nacionales de desarrollo.

“Al hallar que no cumplían ninguna función sustantiva, concluimos que lo correspondiente era eliminarlas jurídicamente, ya que sustantivamente habían dejado de existir”, explicó la ministra de Planificación, María del Pilar Garrido.

Junto a estos cambios se reformó la ley 7582 de Creación de Centros Cívicos, de manera que eliminó la Junta que administrativa esos centros, los cuales ahora pasan directamente a depender del Ministerio de Justicia y Paz. 

“A los centros cívicos queríamos darles una mejor estructura y facultar al Ministerio de Justicia y Paz para que administre los bienes, fondos y patrimonio. Existía una Junta de los Centros Cívicos que tenía esa responsabilidad, se reformó y se colocó la responsabilidad en el ministerio rector”, explicó la ministra.

La Ley 9668, aprobada por los diputados el 14 de febrero anterior, busca llevar mayor eficiencia al aparato estatal a través de la reforma, fusión o eliminación de instituciones de acuerdo a su función y desempeño en la época actual.

Según Garrido, la revisión de instituciones responde a la valoración que realizó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la fragmentación del sector público costarricense.

“Comenzamos a analizar cuáles instituciones públicas tienen que ser reformadas en su diseño institucional (transformaciones o fusiones por vía legal) y cuáles tienen que ser reformadas en su gestión pública (mejorar sus procesos, mecanismos de dirección, coordinación y rendición de cuentas o instrumentos de planificación estratégica, seguimiento y evaluación) para prestar mejores servicios”, finalizó.