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Abogados especialistas coinciden en que prohibirle al Ministerio de Justicia y Paz hablar sobre el sistema penitenciario del país es muy grave y va contra la Constitución Política.

En un mensaje en video de menos de 15 segundos, la ministra de Justicia, Fiorella Salazar, señaló que este jueves recibieron una orden judicial para no referirse más a temas penitenciarios y afirmó que, a partir de ese momento, empezarían a acatar la orden.


Rubén Hernández, quien es abogado constitucionalista y uno de los más reconocidos del país, ve la resolución como una "barbaridad que no tiene nombre" porque están censurando las críticas y, para él, el fundamento en el que se basa la jueza Mayra Acevedo no tiene pies ni cabeza.

“Nadie tiene el derecho de censurar a otra persona, es un horror y digno de un país totalitario. Es gravísimo lo que pasa y creo que el problema lo crearon los del juzgado de la pena con esa inercia de no ir a hacer las visitas a los centros penitenciarios y postergarlas”, dijo Hernández.

También cree que debería de intervenir la Corte Plena para poner en orden al juez o jueza. Además, propone que se abra un proceso judicial contra los jueces que postergan las visitas a los centros penitenciarios para hacer las inspecciones.

“En el Poder Judicial todo lo hacen mal porque más bien deberían de abrir un proceso judicial contra los jueces que postergan las visitas a los centros penitenciarios para hacer las inspecciones. Es muy triste que lleguemos a estas cosas y por eso es grave, porque es la primera vez que a alguien se le ocurre grandísima tontería y va a tener efectos”, agregó Rubén Hernández.

Teletica.com también conversó con Alex Solís, especialista en derechos humanos quien, además, fue diputado y contralor. Para él, desde el punto de vista de nuestro estado constitucional democrático y social de derecho, la resolución del juez es grave.

“Vivimos en un país de base democrática lo que significa que es un sistema donde las actuaciones de la administración pública deben de gozar de transparencia. La administración debe emitir cuentas y esta resolución viola todas las obligaciones de tipo legal, los derechos fundamentales y va en contra de los artículos 27 y 30 de la Constitución Política”, afirma Solís.

Considera que en un principio podría caber una acción de inconstitucionalidad y hasta plantearse un recurso de apelación de intereses difusos.

“Tenemos que estar muy alertas porque ya van muchas situaciones donde en este país se producen violaciones a la Constitución política; lo hemos visto en el Gobierno y ahora que lo haga el Poder Judicial es bastante grave”, rezó Alex Solís.

Belisario Solano, presidente del Colegio de Periodistas, fue otro de los que alzó la voz contra la resolución, sin embargo, piensa que se debe de respetar el principio de independencia del juez porque ellos también se equivocan, pero es importante que vaya a la instancia superior y que la ministra recurra la resolución.

“Haremos un pronunciamiento y buscaremos la forma tal de revertir el ornitorrinco jurídico que representa esa decisión de la jueza. Debo decir que no me preocupa lo de la juez sino lo simplista de la Ministra de Justicia de decir que acoge la resolución y no les doy la información. Ella es funcionaria pública y debe darla”, argumentó Solano.

Cabe resaltar que la resolución de la jueza se da en el marco de un proceso en el que dicho juzgado está analizando si se autoriza a Justicia recibir nuevamente privados de libertad en el Centro de Atención Interinstitucional (CAI) de San José.

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