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Epsy Campbell, la primera vicepresidenta de la República, afirma que cualquier iniciativa que pretenda legalizar una actividad ilegal como lo es la extracción de oro, no tiene el respaldo del gobierno de la República ni de la mayoría de los costarricenses. Esto tras la consulta de Teletica.com sobre la idea de la diputada socialcristiana María Inés Solís de derogar la prohibición de minería a cielo abierto.

El pasado 3 de febrero Solís presentó el proyecto de ley 21.782, titulado "Ley para el aprovechamiento rural de los minerales metálicos en Costa Rica". El cual consiste, según ella, en clasificar la minería en mecanismos artesanales, pequeños, medianos y grandes para luego dar en concesiones y aprovechar en el país los minerales que extraen hoy en día los inmigrantes nicaragüenses que luego se llevan para su país.

Campbell fue clara y enfatizó que, “quienes comprenden claramente que esta actividad no deja en ningún sentido beneficios positivos para el país sabe que no hay que ejecutarla”.

El operativo realizado en Crucitas el pasado 14 de febrero por parte del Ministerio de Seguridad Pública en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), logró cerrar espacios y varios túneles donde hay minería ilegal. Además, se clausuraron servicios como sodas y pulperías que utilizan las personas que participan de la actividad minera.

“Este es un país que ha decidido no estar de acuerdo con la minería a cielo abierto; la extracción de oro y minerales. Las consecuencias para los países que lo realizan ya están claramente probadas. Nosotros somos un país que hemos optado por la protección de nuestros recursos naturales y esa protección se mantendrá de forma sistemática”, señala Campbell.

La vicepresidenta asegura que el gobierno tiene cada vez mayor control de la situación en Crucitas.

“Habrá una mayor presencia policial, no haciendo operativos grandes sino una vigilancia permanente que va a permitir que la normalidad vuelva a la zona”, añade.

Durante la intervención policial se logró cerrar cinco túneles que eran utilizados por los oreros para no ser vistos, se desalojaron tres cuarterías utilizadas para albergar mineros y se demolerán otras cinco por no contar con los permisos del Ministerio de Salud ni ser óptimas para ser habitables.