¿En qué consiste el ajuste salarial que piden los sindicatos que protestaron este miércoles?

Un colectivo de sindicatos salió la mañana de este miércoles a las calles de San José para exigir un ajuste salarial después de seis años de remuneraciones congeladas.

Específicamente, demandan la convocatoria inmediata de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, para que en esa mesa se conozcan una serie de planteamientos que buscan una mejora en las remuneraciones de los trabajadores, según indicaron varios de los dirigentes que convocaron al movimiento ante consultas separadas de Teletica.com.

@teleticacom Algunos miles de funcionarios públicos salieron la mañana de este miércoles para pedir una mejora en sus salarios. El movimiento salió poco antes de las 10:00 a. m., a la altura del Parque de La Merced, en San José. Su destino final es la sede del Ministerio de Hacienda. Más información en Teletica.com. 👈 #CostaRica  #Teletica  #Funcionarios ♬ sonido original - Teletica.com

La presidenta de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Gilda Montero, recordó que el sector no recibe aumentos salariales desde el 1.º de julio de 2019. En esa línea, señaló que el aumento de ₡10.000 que les fue aprobado a los funcionarios públicos para 2026 “no compensan lo necesario”.

En esa línea, el secretario general adjunto de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Wálter Quedada, indicó que existen estudios que estiman que los trabajadores han sufrido una pérdida adquisitiva de un 12% durante los años en los que han tenido sus remuneraciones congeladas.

“Pero no solamente es un ajuste salarial, es la reivindicación de la negociación de los representantes, de los trabajadores con el gobierno. No aceptamos un incremento de manera unilateral sin que haya ninguna propuesta de parte de nosotros, sin que escuchen qué es lo que proponemos y qué planteamos. Nosotros planteamos ajustes que tengan que ver con la inflación acumulada que ha habido desde el momento en que la relación deuda-PIB baja del 60%. O sea, no estamos pidiendo nada ilegal ni nada injusto.

“Incluso estamos siendo austeros. Proponemos un mínimo de un 4,22%, aun cuando la falta de poder adquisitivo ha incrementado hasta en un 10% en los últimos seis años”, señaló por su parte la presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Vivian Chaves.

Aunque la mayoría de los participantes estaba identificado con las organizaciones que representan al Magisterio Nacional, entre los protestantes también había jubilados y agremiados de otros sectores, incluidos afiliados de la Unión Nacional de Médicos (UNM) y de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (Undeca).

Precisamente, el representante de este último sindicato, Deivis Ovares, apuntó que el movimiento en realidad está orientado a todos los funcionarios públicos que sufren el congelamiento salarial, el cual calificó de “arbitrario e injusto”.

“Además, esto afecta todo lo que es el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), porque evidentemente, los salarios congelados representan el congelamiento también del aporte que se hace a la Caja, y una Caja desfinanciada, como ha querido este Gobierno, va a ir en deterioro de la prestación de los servicios de salud, que también afecta a la población costarricense.

“Entonces el tema de la mejora en los salarios formales nos conviene a todos los costarricenses, por los aportes que hacemos desde esos salarios a las instituciones que nos dan bienestar.

Para el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, Albino Vargas, los sindicatos tienen los argumentos, estudios y asesoría para demostrar en una eventual mesa de diálogo con el Poder Ejecutivo que el déficit fiscal no se debe a los servidores públicos.

En esa línea, insistió en la necesidad de que la administración de Rodrigo Chaves haga la convocatoria para negociar el ajuste.

“La lucha es necesaria. Ya nos cansamos de las amenazas, ya no queremos gritos ni queremos violencia. Queremos sentarnos a hablar, como lo hacen las personas educadas”, manifestó por su parte Montero.

Esta última dirigente también hizo hincapié en otras dos consignas que motivaron la marcha: una, dirigida a la desvinculación de regímenes de jubilaciones respecto a los educadores en funciones, el cual —sostiene— empobrece a unos 30.000 adultos mayores, a los que, como consecuencia del congelamiento de salarios a los profesores, se les han frustrado aumentos por concepto de la vida en sus pensiones.

La otra demanda tiene que ver con una ruta clara que permita alcanzar el presupuesto equivalente al 8% del producto interno bruto (PIB) para el sector educativo.

¿Qué dice el Gobierno?

La noche del martes, el Ministerio de Educación Pública (MEP) publicó un comunicado con su posición en torno a algunos de los temas que motivaron la protesta.

Por ejemplo, se menciona que los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, así como de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) enviaron a los sindicatos un criterio jurídico relacionado con la viabilidad de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, a fin de garantizar el desarrollo de procesos de diálogo con seguridad jurídica.

Incluso se indicó que esa instancia tendrá su próxima sesión el 8 de diciembre próximo.

Respecto al proyecto de ley 24.353, que propone descongelar las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) y establecer actualizaciones semestrales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la cartera señaló que no ha recibido consulta formal por parte de la Asamblea Legislativa sobre la iniciativa y que será hasta que ello suceda que se hará el análisis técnico y jurídico correspondiente.

En cuanto al incremento salarial demandado, el ministerio recordó que incorporó una revisión presupuestaria para un ajuste de remuneraciones al personal, por un total de ₡13.700 millones. La institución enfatizó en que revisa su marco legal y reglamentario, para garantizar que cualquier negociación o ajuste salarial se haga con criterios de equidad y respeto a los derechos de los funcionarios.

Respecto al plan de gastos del 8%, el comunicado señala que la inversión en educación constituye una prioridad, pero que, dadas las condiciones fiscales y económicas actuales, no es posible alcanzar el monto requerido en el corto plazo.

La institución subrayó que ha llevado a cabo un “proceso de ordenamiento, regularización y cumplimiento de obligaciones laborales”, con avances en, por ejemplo, una cobertura total del pago por aumento del costo de la vida para el periodo 2020-2023, pagos retroactivos para 88.000 servidoras.

Asimismo, se cancelaron 26.000 pagos por zonaje correspondientes a julio pasado, se inició con el pago manual de anualidades y se aplicó el salario global a 18.000 funcionarios contratados desde marzo de 2023, entre otras acciones.