“El caos persiste”, dice Undeca sobre problemas con sistema ERP

La Unión Nacional de Empleados de la CCSS y la Seguridad Social (Undeca) aseguró que el “caos persiste” en la institución seis meses después de la puesta en marcha del sistema de gestión ERP-SAP.

En un comunicado de prensa, el mayor sindicato de la Caja denunció que la llegada del ERP mantiene a la institución en una “grave crisis institucional” sin que hasta ahora existan soluciones.

“A la ciudadanía se le dijo que el nuevo sistema informático de la Caja (ERP-SAP) estaba listo, que iba a ordenar las finanzas, los inventarios y la logística, pero la realidad es que se puso a funcionar sin estar terminado y ahora la institución y la ciudadanía estamos pagando las consecuencias, incluso a seis meses de su salida en vivo, informes técnicos recientes son contundentes, las graves fallas persisten.

“Inclusive en estas fechas el caos persiste, los estados financieros están siendo comprometidos, hasta el momento no se han logrado consolidar inventarios, ni certificar las cargas iniciales del sistema, existen diferencias millonarias sin justificación técnica y no se ha podido realizar el primer cierre contable integral”, afirmó el sindicato.

Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de Undeca, aseguró que el forzar cierres contables bajo estas condiciones implica el riesgo de emitir estados falsos o poco confiables, y con esto, consecuencias legales y administrativas “graves”.

“Sumado a esto se han detectado problemas en inventarios de medicamentos, órdenes de producción que no pueden cerrarse, discrepancias entre registros del sistema y existencias físicas, y la necesidad de operar con controles manuales y sistemas paralelos arriesgando la trazabilidad, la seguridad sanitaria y el abastecimiento oportuno en los centros de salud”, detalló Rodríguez.

Undeca insistió en que el sistema se lanzó con "datos incorrectos, cargas mal hechas y procesos incompletos”, lo que ha derivado en una enorme lista de facturas por pagar y serios problemas en el control de inventarios.

“La contabilidad pública no es una formalidad, es afirmar con responsabilidad legal que los números reflejan la realidad financiera de la institución.

Esta decisión apresurada de aprobar y pagar un sistema que solo su salida en vivo costó más de 2 millones de dólares ($2 millones) y que no cumple con los requisitos técnicos mínimos, podría constituir incumplimiento de deberes, falta de diligencia y eventual daño al interés público, lo cual exigimos una investigación administrativa y judicial independiente”, insistió el sindicato.