Diputados despedirán el 2019 sin dar solución al problema Uber

El proyecto de ley para regular a Uber y otras plataformas tecnológicas de transporte en Costa Rica finalmente no verá la luz en este 2019.

Pese a haber sido anunciado en setiembre anterior como una iniciativa de consenso, la discusión de esta no evidencia mayores acuerdos dentro de la comisión legislativa a cargo, ni tampoco la voluntad para un trámite por vía rápida como se dijo en ese momento.

La intención original de los diputados era que con el nuevo texto de discusión el proyecto pudiera ser votado antes de que terminara el año.

Para eso, la discusión no solo necesitaría esa vía rápida sino también una enorme cantidad de voluntad política: se prescindiría de nuevas audiencias para acelerar su dictamen y tendría que ser convocado por el Ejecutivo para las sesiones extraordinarias de diciembre próximo. Nada de eso pareciera estar en la palestra de lo posible.

“Pensar en que ese proyecto se apruebe antes del otro año es difícil. La subcomisión tiene 60 días hábiles para su dictamen y por lo que sabemos no se están aprobando vías rápidas para ninguna iniciativa. Entonces estamos hablando de que habría que dictaminar en enero y luego de eso meternos en toda esa discusión en el Plenario”, aseguró el liberacionista Roberto Thompson, presidente de la subcomisión de Asuntos Económicos a cargo de la discusión.

“El proyecto está muy crudo. Fue un texto de consenso pero el consenso era mínimo, los temas grandes no están consensuados, y son temas gigantes… Implica una serie de discusiones que no se quisieron hacer en su momento y que para mí hay que tenerlas.

“Lo primero es la definición de si el servicio va a ser privado o público y lo segundo aceptar que va a haber un cambio en las condiciones de los taxistas y por lo tanto es necesaria una indemnización”, afirmó tajante Pablo Heriberto Abarca, diputado del PUSC y uno de cinco miembros de la subcomisión.

Para Abarca, es tan densa la discusión que tienen por delante que el proyecto no debería ni siquiera valorar la vía rápida pero sí insistir en audiencias de actores claves: “Estamos hablando de MOPT, CTP, Contraloría y Aresep, como mínimo”, dijo.

Incluso pensar en un dictamen para enero próximo es difícil. El plazo de 60 días es prorrogable y al día de hoy la discusión no está dentro de la orden del día.

“Yo entiendo que el país ha esperado demasiado por esta regulación y que el proyecto anterior consumió muchísimas horas de trabajo, pero al final era inviable técnica y políticamente. La esperanza que yo me pondría es que el proyecto esté votado antes de esa fecha, en el tanto que el Gobierno tenga el mismo interés”, añadió Thompson.

Sorpresa

Esa posición pesimista toma por sorpresa al PAC, que tiene como representante en esa discusión a Paola Vega, defensora aún de que el proyecto debería aprobarse antes de que inicie el 2020.

La legisladora argumentó que ese texto de consenso también incluía el compromiso de no permitir nuevas audiencias para acelerar su trámite; sin embargo, Thompson confirmó que ya están en espera el MEIC, Ministerio de Hacienda, MOPT y la Contraloría. 

“Fue un texto construido por todas las fracciones por lo que ya está discutido, las audiencias no son obligatorias, acordamos no hacer audiencias porque ya hemos tenido infinidad, eso es lo que yo entendía.

“Me parece que si Liberación Nacional está haciendo un cambio de perspectiva y no nos lo ha comunicado a las demás fracciones, porque cuando hicimos la construcción conjunta del texto justamente se hizo para que reuniera los criterios de todas las fracciones, se le diera una vía rápida y fuera incluso votado antes de que acabara el año”, aseguró Vega.

La diputada oficialista explicó que seguían teniendo la vía rápida como una opción, pero aseguró que ahora esperará ver el rumbo que toma el proyecto dentro de la comisión.

A grandes rasgos, el texto actual no establece ningún tipo de indemnización para el gremio de taxistas formales, propone una tarifa de inscripción para las plataformas digitales de alrededor de ₡9 millones, la recaudación del IVA para la empresa y/o sus colaboradores y el pago de una contribución anual para los choferes de 20% del salario base, entre otros.

Además, define a estos servicios como privados de interés público, algo a lo que el MOPT se opone, mientras que los taxistas insisten en que no debería ser catalogado como público.

Este último posiblemente será el principal foco de discusión en un problema que se originó en 2015 con la llegada de Uber y que, por lo visto, despedirá el año sin suscitar ningún cambio.