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Luego de varias horas de sesión, los diputados de la Comisión Especial de Pensiones dieron el visto bueno a una reforma que recorta beneficios en las pensiones del Poder Judicial, eje polémico que desató la huelga judicial la semana pasada.

Entre los cambios aprobados por 8 de los 9 legisladores están:

- El cálculo de la pensión se realizará con un promedio del 85% de los últimos 240 salarios y no con el de los últimos mejores 24 salarios.

- La edad de retiro se incrementó 5 años y ahora quedará en 65 años, con 35 años de servicio.

- El aporte obrero pasará a ser gradual de acuerdo con el salario del funcionario, que será entre un 11% y un 15%.

- Las pensiones que sean superiores a los 4 millones de colones pagarán un 50% sobre el monto superior al tope.

Los diputados esperan que este dictamen -que ahora pasará al plenario para su discusión y eventual votación- ponga fin a la huelga por parte de cerca de 16.000 empleados judiciales, cuyo movimiento ha paralizado o afectado servicios diversos como la entrega de los cuerpos en la Morgue Judicial.

Sin embargo, sus voceros anunciaron que no bajarán la guardia y que la huelga se mantendrá.

La diputada verdiblanca Sandra Piszk, indicó que se siente satisfecha con el acuerdo alcanzado y apoyado por los demás diputados que integran la Comisión.

“Elaboramos un proyecto responsable, además, es importante indicar que se eliminan las pensiones de lujo, esta iniciativa se le suma a los otros proyectos aprobados el año pasado que cumplen con el compromiso de acabar con privilegios y pensiones vitalicias”, aseguró.

Maureen Fallas, también del PLN, indico: “Apoyamos un proyecto nuevo, con una base social, con este tipo de acuerdo buscamos disminuir las diferencias de los regímenes de pensiones y por ende las desigualdades de nuestra sociedad para alcanzar más justicia social”.

Los legisladores de la comisión anunciaron que enviarán el texto a consultas a diversas entidades tales como la misma Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional del Sistema de Supervisión Financiero (Conassif) y a los representantes de las gremiales judiciales.