Defensoría denuncia que parte de audio grabado en reunión sobre UPAD "no existe"
En ese encuentro participaron el Presidente de la República, Carlos Alvarado, asesores de la UPAD y otros miembros del gabinete.
La Defensoría de los Habitantes detectó que parte de un audio grabado en una reunión sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) no existe.
Así lo confirmó un informe de la Auditoría Interna y, por eso, la Defensora Catalina Crespo decidió trasladarlo al Ministerio Público.
La grabación es un el respaldo de un visita que realizó Crespo, el pasado 24 de febrero, a Casa Presidencial. Ahí se reunió con el Presidente de la República, Carlos Alvarado, el exministro de la Presidencia, Víctor Morales, la viceministra de la Presidencia, la ministra de Comunicación, asesores de la extinta UPAD y otros funcionarios.
Esa entrevista tenía como fin conocer las funciones del grupo y determinar si utilizaron información sensible y confidencial de los ciudadanos.
"Posterior a esta reunión, solicité a lo interno agrupar toda la documentación y me di cuenta de que había un faltante de información en el audio de la grabación de la sesión (...) De inmediato, solicité una investigación a la Auditoría Interna, que determinó que parte de la grabación no existe y recomendó enviarlo al Ministerio Público", reveló la defensora este miércoles.
La intención es que el Ministerio realice una revisión técnico-forense del audio mencionado.
Según Catalina Crespo, es necesario esclarecer los hechos “en aras de la transparencia institucional y de salvaguardar la investidura de esta institución y la honorabilidad de todos los funcionarios".
La Defensora lamentó que esta situación sucediera internamente y espera que no genere cuestionamientos sobre el abordaje del caso UPAD.
El pasado 29 de febrero, la Defensoría de los Habitantes remitió el resultado de su investigación a la Fiscalía. En ese momento se pudo constatar que sí hubo acceso a datos sensibles de la población por medio de las bases de datos del Sistema Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE). También se determinó que no se tomaron en cuenta la custodia de datos y los protocolos de seguridad.
El caso se mantiene en investigación.