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Pisos y paredes agrietadas, deficiente ventilación e iluminación, falta de agua potable, inaccesibilidad para estudiantes con discapacidad.

Esos son algunos de los problemas que detectó la Defensoría de los Habitantes en el trabajo de seguimiento que realizó a 15 denuncias presentadas durante el 2018 por esta situación.

Según la Defensoría, este deterioro o ausencia de infraestructura expone a riesgos a la integridad física de los estudiantes y limita su derecho al desarrollo y a una educación de calidad.

La Defensoría señaló que el Ministerio de Educación Pública presenta problemas en el modelo de gestión de la infraestructura.

Además, no existe una planificación adecuada que sea propositiva y no reactiva. Es decir, que esperan a realizar las reparaciones cuando el daño ya existe.

Los principales problemas se presentan en zonas rurales, entre ellos Limón, Puntarenas y Guanacaste.

A esto se unen los graves problemas de tramitología.

Complejos entre instituciones que generan retrasos en la consecución de los permisos de construcción, remodelación y obra nueva.