Por Teletica.com Redacción |13 de febrero de 2021, 13:20 PM

La defensa del presidente Carlos Alvarado presentó un recurso de apelación ante la Sala III en contra del proceso que usaría la Fiscalía General para extraer la información de los dispositivos electrónicos decomisado al mandatario por el caso UPAD.

Según explicó Rodolfo Brenes, uno de los abogados del jerarca, la Fiscalía aplicaría un procedimiento ad hoc, novedoso, que nunca se ha usado en la historia judicial del país; y con el cuál se expondría información sensible del presidente que no se relaciona con este caso investigado.

“Ese procedimiento le permitiría al Ministerio tener un acceso irrestricto a toda la información que contienen los dispositivos del señor presidente de la República y se pretende que la defensa de una colaboración activa al Ministerio Público indicándoles cuáles elementos de prueba deben agregarse al expediente y cuáles no”, dijo Brenes.

“Se violentan los derechos de todas las personas investigadas y en el caso del presidente, se pone en riesgo información sensible que no está relacionada con los hechos que se investigan, y que no tiene que estar en poder de la Fiscalía, ni de la Policía, ni de un tercero”, agregó 

El defensor sostiene que lo que procede en este caso, es que se utilice un software forense especializado que permita hacer un filtro en la  búsqueda para que se tenga acceso solo a la información relacionada con el caso UPAD.

“La Sala III había señalado en dos resoluciones distintas que la información que se puede agregar al expediente es estrictamente la relacionada con los hechos investigados, es decir con la UPAD”, agregó.

Según explicó el defensor, durante la diligencia de apertura de pruebas realizada entre el 11 y 22 de enero, el Ministerio Público habría solicitado utilizar este procedimiento de extracción de información; mismo que fue avalado por un juez de Garantía, quién no tiene dicha competencia.

Por su parte, el Ministerio Público sostiene que las diligencia se han realizado en apego a la ley. Así lo señaló la Fiscal General, Emilia Navas, el pasado 11 de febrero en una publicación de redes sociales.