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La pandemia del COVID-19, que hoy cumple un año exacto desde el primer caso diagnosticado en Costa Rica, puso a todos los países del mundo ante una disyuntiva cruel: cuidar la salud de la población a expensas de su economía.

El confinamiento y las restricciones sanitarias rápidamente se viralizaron por el orbe como las mejores armas contra el virus, un modelo que dejó enormes secuelas en los capitales de las naciones, acrecentó brechas y disparó la pobreza.

El Fondo Monetario Internacional estimó el impacto económico global del 2020 en una contracción del 4,4%, solo comparable a la Gran Depresión de los años 30.

¿Cómo le fue a Costa Rica?

Según el Banco Central, el 2020 cerró con una contracción de 4,5% del Producto Interno Bruto, la segunda mayor caída desde que se tiene registro (1950).

Esta llegó precedida de una disminución de 40,7% en el sector hotelero y restaurantes y otro 20% del sector transportes. El comercio rondó alrededor del 10%.

Mucho de esto se explicó por el cierre de fronteras y las restricciones de tránsito y comercio decretadas durante la mayor parte del 2020.

El sector turismo, que aún hoy lucha por mantenerse a flote pese a la reapertura, pasó de recibir casi 3 millones de visitantes en 2019 y casi $4 mil millones de ingresos brutos a cerca en un millón de vacacionistas el año pasado, devolviendo al país a números de 1998.

Todo eso empujó el déficit fiscal (diferencia entre ingresos y gastos más intereses) hasta el 8,3%, lejos del 7% con el que cerró el 2019 pero también mucho mejor del 10% que planteó el Ministerio de Hacienda como peor escenario.

 La deuda pública también se disparó, llegando al 67.5% del PIB y con una proyección de alcanzar el 75% para el 2022.

“Fue un año inédito, una situación que puso al mundo entero de rodillas, que contrajo los ingresos, elevó los gastos, disparó el desempleo a cifras récords, la deuda, el déficit.

“Desde todo punto de vista el COVID-19 puso en riesgo nuestro estado social de derecho y desnudó aún más las carencias y problemas que ya veníamos arrastrando. Porque sí, desde el punto de vista sanitario se respondió bien, especialmente al inicio, pero luego se nos fue la mano con el martillo”, aseguró el economista Gerardo Corrales.

Pobreza y desempleo

La tasa de desempleo alcanzó en julio anterior la cifra inédita de 24,4% y cerró el año en 21,3%, para un total de 517 mil personas desocupadas.

Las restricciones sanitarias, el cierre de negocios, la reducción de jornadas y suspensión de contratos se conjuntaron en una fórmula fatídica que dejó a más de medio millón de personas buscando trabajo.

Eso significó una pérdida neta de alrededor de 255 mil empleos solo en 2020.

Desde marzo anterior hasta el 26 de febrero pasado el Ministerio de Trabajo contabilizaba 6.890 solicitudes de suspensión de contratos, 6.076 de estas fueron aprobadas.

En ese mismo periodo se admitieron 72.185 reducciones de jornadas de 82.656 solicitadas.

Ambas cifras siguen en aumento, pues los diputados avalaron una extensión para permitir que las dos modalidades se extendieran hasta abril próximo como una forma de evitar eventuales despidos.

En el peor punto de la restricción, se calcula que solo en el sector de restaurantes unos 8 mil locales cerraron, mientras que la Cámara de Comercio de Costa Rica estima que durante el 2020 se perdió el 5% del parque empresarial del país.

Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos estimó que el 94% de todas las empresas del país tuvo algún grado de afectación producto de la pandemia.

De estas, sin embargo, solo el 19% contó con algún tipo de beneficio para hacerle frente a los efectos adversos provocados por el coronavirus. Los principales beneficios fueron la readecuación de créditos financieros (46%) y otros relacionados con el alquiler de local y cargas sociales (38%).

“Los bancos actuaron para tratar de contener la crisis y ayudar a los sectores más golpeados pero lo hicieron con enfoques equivocados, a plazos de medio año como si esto fuera algo momentáneo y todas las empresas van a regresar a su estado anterior de un día para otro.

“No hay tampoco un sentido de urgencia, no hay una apertura para tratar de rescatar las compañías. Lo más triste es que ante el cierre de una empresa no solo pierde la economía del país, se pierden también empleos directos”, criticó Corrales.

Desigualdad

La llegada de la pandemia trajo consigo 83.888 nuevos hogares pobres para Costa Rica. Otros 19.445 también cayeron al nivel de pobreza extrema.

A octubre anterior, según la última Encuesta Nacional de Hogares, un 30% del país es pobre, con un total de 1.529.255 personas en esa condición, mientras que aquellos que no tienen ni para cubrir sus necesidades más básicas suman ahora 96.697.

El estudio reflejó además que hoy los pobres son todavía más pobres, con aumentos considerables en los índices de severidad e intensidad de la pobreza. 

Esos números también elevaron la desigualdad en el país, con caídas por ejemplo en el porcentaje de ciudadanos con acceso a internet, lo mismo que el número de personas desalentadas (que se cansó de buscar trabajo) y que están presentes en el 16,9% de los hogares de menos ingresos.

Recuperación lenta

La reapertura económica, la caída en los índices de contagio y sobre todo la llegada de las vacunas ​ofrecen una luz en el horizonte de la maltrecha economía costarricense.

El Banco Central estima que la economía crecería un 2,6% en 2021 y 3,6% para 2022, de manera que aún ni en ese escenario se volvería a los niveles prepandemia.

“Estas proyecciones de crecimiento estarían sustentadas en la recuperación de la economía externa, en condiciones expansivas del crédito local que permitirán financiar proyectos nuevos y reanudar los proyectos de inversión detenidos o postergados, así como en la recuperación de la confianza de los agentes económicos”, dijo la entidad.

Mucha de esa expectativa pasa además por la aprobación del acuerdo de financiamiento ampliado negociado con el Fondo Monetario Internacional, que depende sin embargo de una amplia lista de proyectos de ley cuya aprobación es ahora mismo incierta.

Las proyecciones también contemplan crecimientos del ingreso personal disponible de 0,7% en 2021 y 2,5% en 2022.

Se estima además que la inversión pública se recuperaría en 2021 principalmente por el avance previsto en la construcción de obra pública (especialmente vial), así como al inicio del proyecto para la modernización y digitalización de los sistemas del Ministerio de Hacienda, que ayudaría a la recaudación.

Todo esto podría devolver el déficit fiscal para 2022 al 7%; sin embargo, la deuda pública seguirá en aumento hasta ubicarse alrededor del 75% en 2023 y a partir de ahí experimentar un descenso paulatino.

La expectativa de Hacienda es que para 2023 se consiga además un superávit primario (ingresos contra gastos sin intereses) de un 1% del PIB.

“Desde setiembre anterior se empezó a sentir un mayor nivel de recuperación, mayor flexibilidad, la gente empezó a entender la importancia del respeto a las medidas sanitarias y luego la vacuna llegó más rápido de lo esperado, todo eso da confianza, pero se tiene que ser mucho más agresivo en el proceso de vacunación para continuar presionando por esa recuperación, lo mismo que impulsar cuanto antes una verdadera agenda de reactivación económica”, finalizó Corrales.