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Costa Rica ganó 10.000 km2 en el mar Caribe tras fallo de la Corte de La Haya

El alto tribunal desestimó la tesis nicaragüense que afirmaba que había heredado los límites con Colombia

Por Teletica.com Redacción |2 de febrero de 2018, 5:30 AM

Costa Rica ganó 10.000 kilómetros cuadrados en el mar Caribe luego del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que delimitó de una vez por todas las fronteras marítimas entre nuestro país y Nicaragua.

El caso, uno de los tres sobre los cuales se pronunció la corte este viernes, fue presentado por Costa Rica el 25 de febrero del 2014 luego de que Nicaragua ofertara bloques marítimos para la exploración y explotación de petróleo y gas, tanto en el océano Pacífico como en el mar Caribe.

En este último la corte acogió la tesis tica de delimitar el territorio sobre la base de la proyección de las costas de ambos Estados, eliminando la propuesta de que Nicaragua había heredado los límites con Colombia.

Esto significa que el país gana aproximadamente unos 10.000 km2 sobre la base de la línea petrolera, alrededor de unos 1.500 km2 en la zona petrolera.

En el océano Pacífico la Corte acogió también la propuesta tica, rechazando así la intención de Nicaragua de hacer la delimitación marítima borrando la Península de Nicoya.

La sentencia garantiza entonces a Costa Rica el acceso al domo término y a extensas áreas de pesca en la zona del Pacífico norte, además de que gana proyección completa de la isla de Santa Elena en el mar territorial.

“Costa Rica ha salido una vez más victoriosa. La Corte le ha dado la razón a nuestro país frente a las pretensiones de Nicaragua de apropiarse de espacios marítimos costarricenses para la exploración y explotación de petróleo y gas.

“El Gobierno de la República también celebra que la Corte haya obligado a Nicaragua a retirar el campamento militar que instaló en la playa de Isla Portillos. Estas decisiones reafirman la relevancia del derecho internacional para Costa Rica, como un mecanismo efectivo para la resolución de disputas internacionales de forma pacífica”, aseguró el canciller de la República Manuel González.

Con la decisión de la corte Costa Rica consolidó todos sus espacios marítimos, que conjuntamente entre el mar Caribe y el océano Pacífico suman casi 600,000 kilómetros cuadrados.

Victorias

En el segundo caso la CIJ determinó que Nicaragua violó la soberanía de Costa Rica al instalar un campamento militar en la playa de isla Portillos.

El gobierno del norte había reclamado como propia la totalidad de la playa, entre la Laguna Los Portillos y la desembocadura del río San Juan, sin embargo, la corte aseguró que el único territorio nicaragüense en ese sector lo comprende la laguna Portillos y el cordón litoral que la separa del mar.

El fallo, además, obliga a Nicaragua a retirar de manera inmediata el campamento militar.

Antes la CIJ también había ordenado a Nicaragua el pago de $378.890 a Costa Rica por daños ambientales ocasionados en isla Portillos.

Esta cifra dista de los $6,7 millones que nuestro país le exigió a la vecina nación y que esta rechazó cancelar al considerar que era una suma muy elevada. 

De ese total establecido por el alto tribunal $120.000 corresponden a la degradación y pérdida de bienes y servicios ambientales en la zona afectada. 

Otros $153.372,82 corresponden a los costos relacionados con la construcción de un dique, entre ellos materiales y sobrevuelos.

También le concedió a nuestro país $15.960 por compra de imágenes satelitales, así como $21.647 por gastos de compra de combustibles y mantenimiento de aviones.

Igualmente dentro de ese total establecido por la Corte, la vecina nación deberá pagarle a nuestro país $20.150 por costas e intereses compensatorios, que corren desde el 16 de diciembre del 2015 hasta este 2 de febrero.

También le aceptó la indemnización de poco más de $2.000 por las medidas de restauración de humedales afectados por el vecino país y el pago de $5.843,20 por los costos derivados de los sobrevuelos en la zona de conflicto, entre otras erogaciones.

Por su parte, la Corte rechazó el pago de poco más de $3 millones solicitados por Costa Rica por concepto de instalación y mantenimiento de casetas policiales y biológicas así como en la compra de equipo, personal,  transporte y 4 vehículos todo terreno. 

Manuel González defendió que esos gastos no hubieran sido necesarios de no ser por la invasión, pero aseguró que respetarán las consideraciones de la Corte.