Contraloría pide a Sala IV eliminar condonación de deudas a agricultores
El ente aseguró que el perdón de ₡5.515 millones a 2.400 deudores de Banca para el Desarrollo es “incongruente, desproporcionada e irrazonable”.
La Contraloría General de la República solicitó a la Sala IV eliminar la condonación de ₡5.515 millones a 2.400 deudores de Banca para el Desarrollo que permitió la Ley 9966 aprobada en febrero anterior por la Asamblea Legislativa.
La contralora Marta Acosta presentó una acción de constitucionalidad contra la norma alegando que la condonación impulsada por los diputados y avalada por el Poder Ejecutivo es “incongruente, desproporcionada e irrazonable”.
Entre su larga serie de motivos para que se elimine, Acosta señaló que no existe conexidad entre el objetivo de la ley y articulado, pues afirma que la norma busca ayudar a sectores productivos afectados por el COVID-19, pero en su lugar perdona deudas, devuelve bienes y finaliza procesos judiciales que no están ligados a la pandemia.
“Adicionalmente, existe opacidad en el trámite legislativo como en los beneficiarios finales de la condonación, lo que no permite conocer a quienes dentro del sector productivo se les está beneficiando con el perdón de sus deudas y si es por una única operación o por varias”, afirma el ente.
En la acción, Acosta también señala que hubo falta de claridad con el trámite del proyecto, lo que vulneró “de manera grave los principios constitucionales de transparencia, rendición de cuentas, proporcionalidad y razonabilidad técnica, pues no queda claro cuáles fueron los verdaderos motivos que justifican la condonación de las deudas, ni la congruencia entre el medio escogido y el fin buscado”, dice.
La Contraloría, además, afirmó que existe una afectación directa a la Hacienda Pública pues se establece la devolución de fincas que no derivan de la condonación de deuda y que sugieren la satisfacción de otros intereses, muy distintos del fin público que debe procurarse.
“Las propiedades que potencialmente podrían ser devueltas a productores y que fueron adjudicadas a favor de la Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo y en fechas anteriores a la existencia de la pandemia nacional ocasionada por el COVID- 19, puntualmente 7 en el año 2015, 1 en el año 2016, 1 en el año 2017 y 1 en el año 2018”.
Cuestionado
El proyecto, que se aprobó con el voto afirmativo de 40 diputados, ya había sido ampliamente debatido por algunos legisladores, como fue el caso del independiente Jonathan Prendas.
“Nadie quiere darle la espalda al sector agro, pero que lo merezcan, ¿quién garantiza que en esa lista todos son gente que ocupa la ayuda? Ahí hay empresarios, pequeños y medianos, ¿por qué no hicieron un esfuerzo para pagar? Lo que no queremos es hacer un cheque en blanco”, dijo durante su discusión.
El legislador insistió en que el proyecto, que se dispensó de trámite, no era claro en los criterios utilizados para elegir a sus beneficiarios ni tampoco las razones de esos incobrables.
Otras quejas fueron que la ahora ley perdona deudas a fallecidos o a personas que, en algunos casos, nunca tuvieron intención de honrar sus obligaciones y estuvieron morosos desde antes de la pandemia. También aparecen beneficiarios con múltiples créditos en mora.
La acción presentada por Acosta solicita también una medida cautelar y que, mientras se analiza la acción, se suspenda de inmediato la condonación de deuda, devolución de fincas y el pago de costas procesales y personales de los productores.