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La Contraloría General de la República ordenó al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) frenar dos licitaciones asociadas con la conservación de la red vial nacional y la verificación de calidad de proyectos de obra vial.

La orden se emitió el 4 de agosto amparada en la revisión que lleva adelante el MOPT y las autoridades de Gobierno sobre los modelos en que se gestionan y administran los contratos de obra vial en el país, todo esto a raíz del escándalo por el caso “Cochinilla”.

“El modelo de conservación vial que hasta el momento ha utilizado el Conavi (precios unitarios) presenta características que limitan la gestión para resultados y la generación de mayor valor público”, dijo la Contraloría.

El ente, además, señaló que “resulta incompatible con la eficiencia y transparencia que se pretende con la revisión del modelo de conservación que ha dispuesto la Administración continuar con los procesos licitatorios”.

Según la Contraloría, el costo de la licitación para las obras de conservación, que asciende a casi ₡600 mil millones, se incrementó más de tres veces con respecto a los contratos de 2016.

“Además, al comparar los costos promedio de la contratación en curso por kilómetro según cada zona, las diferencias entre el costo mínimo y el máximo superan los ₡112 mil millones (un 282,7% de diferencia)”, cita el informe.

El Conavi está en potestad de recurrir lo ordenado por la CGR, de lo contrario, tendrá tiempo hasta este lunes para remitir una certificación que demuestre que eliminó ambos procesos licitatorios del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).