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El sector privado de la construcción manifestó su rechazo total a que el Gobierno imponga un arancel a la importación de varilla.

De imponerse dicha salvaguarda, los costos se elevarían notablemente, según lo denuncia este sector.

Agrega que una decisión de este tipo, va en contra del interés público e incluso contravienen el artículo 46 de la Constitución Política, al promover un monopolio privado en el mercado de varilla de acero.

Según la Cámara de la Construcción, imponer un arancel afectaría directamente a clases media y baja que aspiran a tener vivienda.

Los hogares de menores recursos verían aún más limitadas las posibilidades de tener acceso a una vivienda propia.