Por Paulo Villalobos 28 de mayo de 2026, 17:31 PM

Después de tres semanas de toma del edificio de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR), varios electrodomésticos y hasta productos de limpieza desaparecieron.

A ello deben sumarse más de ₡21,4 millones en daños que sufrió la estructura, como lo detalló la mañana de este jueves el rector de la casa de enseñanza, Carlos Araya, durante la sesión del Consejo Universitario (CU).

"El costo de restauración del edificio, enviamos un informe parcial que anda en alrededor de ₡38 millones, pero hay todavía una serie de elementos que se deben incluir. Ya les hablaba del ventanal de este sector (hace gesto con la mano).

"Y con la llegada de las personas a las diferentes oficinas se han empezado a dar cuenta de que faltan cosas. Por ejemplo, en la Oficina de Planificación Universitaria nos decían que faltaba el coffee maker, el microondas, la olla arrocera y no sé qué otras cosas. En el caso de la Rectoría, todos los productos de limpieza que había. En Acción Social también se abrió una bodega y todo lo que había en esa bodega desapareció", explicó el académico.

Producto de lo anterior, Araya pidió a los responsables de cada uno de los departamentos que levanten un listado de lo que falta.

También llamó a los trabajadores de ese edificio para que revisen sus pertenencias personales.

Adicionalmente, a los costos debe agregarse la reparación de una ventana quebrada durante la protesta. En ese caso particular, los daños no solo alcanzaron el vidrio, sino la totalidad del marco, que tendrá que sustituirse por uno nuevo de aluminio.

Para ese arreglo tendrá que hacerse una adjudicación, que está prevista para publicarse en los próximos días en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).

De ahí que el informe que el rector rindió el martes al Consejo Universitario, y que el sitio de noticias CRHoy.com dio a conocer un día después, es calificado como "preliminar".

Entre los hallazgos que se incluyeron en el documento —al que Teletica.com también tuvo acceso— se consignan rayones y pintura en paredes, columnas, puertas, pisos, ventanales, cámaras de seguridad, entre otros daños que ascienden a los ₡21,4 millones.

Pero en ese reporte, el académico incluyó otros costos como asociados a labores extraordinarias de atención de la Sección de Seguridad y Tránsito por ₡14,2 millones, así como a otros gastos en infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones por ₡2,3 millones.

"Con fundamento en la información técnica preliminar remitida por las distintas instancias universitarias, la estimación económica preliminar actualmente consolidada asciende aproximadamente a ¢37,8 millones, monto sujeto a actualización conforme continúen las labores de revisión técnica, recuperación operativa, validación de ciberseguridad y consolidación administrativa de costos.

"Finalmente, se indica que las valoraciones técnicas y económicas continúan en desarrollo, por lo que los montos anteriormente señalados podrían variar conforme avancen los procesos de revisión, reparación, validación técnica y consolidación administrativa de la información", puntualiza el documento.

Investigación

Durante la sesión del Consejo Universitario de este jueves, la representante de Ciencias Sociales, Ilka Treminio, también se refirió a un acuerdo tomado un día antes en la sesión 6996.

El mismo enfatiza que, si bien ese órgano está en contra de la criminalización de la protesta social pacífica, esta también tiene límites "que no la cubren de impunidad" y, de seguido, se le instruye al rector Carlos Araya que ejecute "las acciones administrativas y legales que le corresponden" en apego al ordenamiento jurídico vigente.

La politóloga recordó que la universidad no puede no seguir lo establecido en la Ley General de la Administración Pública y el Código Penal; pero agregó que será vigilante de que la pesquisa se lleve a cabo con humanismo, sin excesos o arbitrariedades.

"También es importante establecer una proporcionalidad, debido a que las personas estudiantes también en sus momentos han hecho saber que sintieron lesionados sus derechos y se sintieron lesionados en sus condiciones psicológicas y personales por la manera en la que se atendió la toma del edificio por parte de funcionarios de la administración. En este sentido, yo sí quisiera solicitar que se pueda conocer un informe sobre este accionar, específicamente sobre las denuncias que han planteado las personas estudiantes a través de distintos medios, sobre la violencia ejercida contra ellos, las frases hirientes y denigrantes que recibieron, y también la manera en que a lo interno del edificio se operó y se administró y se gestionó la situación de la toma.

"En este caso, considero fundamental que podamos tener conocimiento de cuáles son las acciones administrativas que se van a emprender en estos casos concretos y que se le dé curso a una investigación que nos permita ver si el proceder fue correcto o si fue desproporcionado", señaló la representante.

Poco después, Araya se refirió a las manifestaciones de Treminio y recordó que el deber de la institución es respetar los derechos de las partes.

Además, apuntó que el trato que se alcanzó el 13 de mayo pasado con los estudiantes que tomaron el edificio incluía una investigación y que será hasta que esta concluya que se pueda ahondar al respecto.

La manifestación fue organizada por un grupo que se autodenominó "Movimiento Estudiantil Autónomo (MEA)" y tenía como objetivo la salida de Araya de la Rectoría; situación que no ocurrió.

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