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La Caja Costarricense de Seguro Social ocultó un extenso informe que advertía sobre la insostenibilidad financiera de los seguros de Salud e Invalidez, Vejez y Muerte para así permitir la creación de 10 mil plazas nuevas y aumentarle el salario a 80% de su planilla en 2008.

Así lo dijo esta mañana el exjefe del área de Investigación Económica de la Dirección Actuarial, Daniel Muñoz, en comparecencia ante los diputados que investigan la situación de la institución.

Muñoz, quien presentó estas denuncias hace ya una década, aseguró que a él se le solicitó cambiar ese informe de 90 páginas que reunía serias preocupaciones sobre las finanzas de la Caja por un “documento light” de cinco páginas y que no incluía “ni un solo número”.

“Cuando yo terminé ese estudio se me dijo Daniel oculte ese documento y sustitúyalo por un documento light que diga que sí se pueden aumentar esas 10 mil plazas y aumentar salarios a profesionales y no profesionales, pese a que relativamente se ganaba bien.

“Guillermo López, director actuarial del momento, presentó en su lugar a la junta directiva una tendencia exponencial de superávit sin ningún sustento técnico, pero eso era falso (…) Yo me opuse porque estaba claro y probado que íbamos hacia un escenario de insostenibilidad financiera”, dijo.

Su denuncia se elevó hasta el Ministerio Público que ahora se prepara, en agosto próximo, para realizar una evaluación de los aspectos de forma con audiencia de todos los involucrados y posteriormente decidir si el caso se eleva a juicio por el fondo.

En su comparecencia, Muñoz, pieza clave en ese eventual juicio, aseguró que la junta directiva tomó entonces el “acuerdo magistral de posicionar en ciertos miles de percentiles a profesionales y no profesionales de la institución”,

“Empezó a subir salarios y con esto generó brechas importantes con sus pares del Gobierno central, y este para evitar la huida de funcionarios también empezó a subir salarios y aquí es donde se origina el desbalance fiscal.

“La CCSS se convirtió, según el director del Servicio Civil, en una de las instituciones responsables del déficit fiscal porque subió el salario a alrededor del 80% de sus trabajadores que llegaron a ser de 40 mil a 50 mil entre 2006 y 2010, cuando este aumento solo correspondía a los funcionarios de enfermería”, dijo.

El funcionario añadió que, lo peor de todo, es que ese riesgo de fuga no se iba a materializar en un contexto de crisis como el del 2008, pues ningún funcionario iba a correr el riesgo de dejar la institución en un momento así.

Irregularidades en nombramiento

Si bien estas denuncias contra la CCSS son conocidas, Muñoz también fue convocado a la comisión para hablar sobre el nombramiento de Gustavo Picado como nuevo gerente de la institución.

Picado forma parte de los 17 funcionarios señalados en la denuncia interpuesta por Muñoz, pero eso no le impidió a la junta directiva nombrarlo semanas atrás.

El funcionario alegó que el nuevo gerente y el resto de los señalados conocían de esa insostenibilidad inminente de los regímenes, pero aun así avalaron el aumento y expansión de 2008.

Añadió, además, que en el caso del nombramiento de Picado se vulneró el proceso, pues el antiguo presidente ejecutivo, Fernando Llorca, estableció como requisito obligatorio para los gerentes tener una licenciatura afín al puesto y un posgrado.

“Gustavo Picado participó sin el posgrado, apelando que no se le puede pedir ese requisito porque entre 2012 y 2018 había fungido como gerente financiero y que ahora no se le podía exigir ese título, les dejo a ustedes decidir si eso es equitativo o no con los demás participantes”, dijo Muñoz.

También denunció que ese cartel, que le ha costado más de ₡20 millones a la institución, fue adulterado para dejar claro que el posgrado era deseable y no indispensable, pese a que no hay registros oficiales de que la junta directiva realizara el cambio.