Caso "Pancho Villa": Empresario, exjerarca municipal y dos exagentes del OIJ en el banquillo de los acusados
El debate por este caso iniciará este lunes.
Este lunes está previsto el inicio del juicio por el caso policialmente conocido como "Pancho Villa". En ese debate, un empresario de apellidos González Hernández es acusado de los supuestos de narcotráfico, legitimación de capitales y asociación ilícita.
Dicho sujeto, de 45 años de edad y también conocido como "Gato", es señalado como el presunto líder de una estructura que se dedicaba a la importación y almacenamiento de drogas, a través de las costas de Golfito y Puerto Jiménez. En total, hay 15 acusados.
Entre los imputados también sobresalen tres hombres de apellidos Chavarría Hernández, Concepción Quiel y Campos Jiménez. El primero era el presidente municipal de Corredores en aquel momento, mientras que los dos restantes eran agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
¿Qué dice la acusación?
La acusación apunta a que, entre diciembre de 2018 y abril de 2021, el grupo criminal en apariencia introdujo droga al territorio costarricense, a través de los cantones costeros de Golfito y Puerto Jiménez. Se cree que trasladaban en una vagoneta.
En la pieza del Ministerio Público, se detalla que, presuntamente, los dos oficiales investigados asesoraban a la banda e, incluso, le escoltaban la droga para ubicar a tiempo retenes policiales.
Sobre el entonces fucionario municipal se menciona que este, supuestamente, coordinó reuniones para el líder del grupo con terceros, que tenían como objetivo aparente de instaurar empresas que luego eran usadas para legitimar ganancias.
¿Qué dice la defensa?
Frente a esa tesis está una en la que se apunta que González Hernández acumuló bienes producto de herencias de su abuelo que datan de hace tres décadas, mismas que sirvieron como capital semilla para otros negocios, explicó en una entrevista con Teletica.com su abogado Juan Carlos Peralta Montoya.
"Yo le puedo decir que la defensa va a hacer todo lo humana, procesal y constitucionalmente posible para que don Darwin (González Hernández) salga al finalizar el debate, cuidado y no antes con alguna propuesta o solicitud que se haga, por las puertas principales de los tribunales de justicia de San José", recalcó el especialista.
Para lograr ese objetivo, la representación del acusado, a cargo de Peralta Montoya y el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez, basa su estrategia en la desacreditación de los hechos atribuidos por el Ministerio Público.
También está previsto que la defensa formule varias actividades procesales defectuosas; que es una figura contemplada en el Código Procesal Penal a través de la cual una parte en un proceso penal cuestiona actuaciones judiciales en detrimento de garantías, con el objetivo que estas se declaren nulas.
El abogado —que representa a 8 de los 15 imputados— adelantó a este medio que, entre los temas que atacarán en el contradictorio, está un planteamiento sobre la posible derogatoria parcial del artículo 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada; discusión que surgió a finales de 2022 y que tuvo gran eco en 2023, con discusiones en juzgados y tribunales penales, así como en tribunales de apelaciones.
"Claro que el planteamiento está. Se ha venido haciendo. Lo que pasa es que no perdemos el derecho de seguirlo haciendo porque, a nivel procesal, usted los puede hacer al inicio, a la mitad, al inicio del juicio, en apelación de sentencia. Nosotros hemos sido del criterio de que está derogado", agregó el abogado.
Dicho debate incluso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a pesar de que, a nivel nacional, no se ha unificado la jurisprudencia sobre ese particular.
Otro punto que anticipó es un ataque con una prueba que, inicialmente, fue presentada como un peritaje, aún y cuando —según el abogado— incumplía con los requisitos para ser aportado como tal. El documento acabó incorporándose como un informe policial, que es parte de los insumos con los que la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada pretende acreditar un presunto lavado de dinero.
El juicio en cuestión se llevará a cabo del 4 de marzo al 20 de noviembre en el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada, cuya sede se encuentra en el I Circuito Judicial de San José, como lo dio a conocer Teletica.com.
Narcotráfico y legitimación
El juicio en cuestión fue ordenado el 13 de setiembre de 2023, en contra de 14 hombres y una mujer, sospechosos de narcotráfico y blanqueo de dinero, entre otros.
Un hombre de apellidos González Hernández destaca como el presunto cabecilla de la organización.
Entre los imputados también sobresalen tres hombres de apellidos Chavarría Hernández, Concepción Quiel y Campos Jiménez. El primero era el presidente municipal de Corredores en aquel momento, mientras que los dos restantes eran agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La acusación apunta a que, entre diciembre de 2018 y abril de 2021, el grupo criminal en apariencia introdujo droga al territorio costarricense, a través de los cantones costeros de Golfito y Puerto Jiménez. Se cree que trasladaban en una vagoneta.
En la pieza del Ministerio Público, se detalla que, presuntamente, los dos oficiales investigados asesoraban a la banda e, incluso, le escoltaban la droga para ubicar a tiempo retenes policiales.
Sobre el entonces regidor se menciona que este, supuestamente, coordinó reuniones para el líder del grupo con terceros, que tenían como objetivo aparente de instaurar empresas que luego eran usadas para legitimar ganancias.
