Caso “Madre Patria”: Tribunal ordena que 11 imputados vuelvan a prisión preventiva
Esta medida revierte el arresto domiciliario con monitoreo electrónico que había sido otorgado meses atrás.
El Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José ordenó que 11 imputados del caso “Madre Patria” regresen a prisión preventiva, tras acoger una apelación presentada por la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO).
Esta medida revierte el arresto domiciliario con monitoreo electrónico que había sido otorgado meses atrás.
Según informó el Ministerio Público este viernes, el pasado 18 de julio el Juzgado Penal de San José sustituyó la prisión preventiva para estas personas; “sin embargo, el Tribunal concluyó que esa decisión se basó en una valoración incorrecta de los peligros procesales y de las circunstancias particulares de cada imputado. Además, rechazó las apelaciones presentadas por las defensas”.
"La medida cautelar de prisión preventiva se mantendrá, en principio, hasta el 25 de diciembre. No obstante, antes de que venza ese plazo, la Fiscalía solicitará una prórroga para continuar con el desarrollo de las diligencias judiciales", indicó la Fiscalía.
El caso “Madre Patria” se remonta al 25 de junio de 2024, cuando la Unidad de Crimen Organizado del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía realizaron 47 allanamientos simultáneos en San José, Alajuela, Heredia, Cartago y Puntarenas. En ese operativo fueron detenidas 42 personas, vinculadas con una presunta red dedicada a cometer un fraude registral multimillonario y a ejecutar operaciones de legitimación de capitales.
Entre los imputados figuran notarios, funcionarios judiciales, oficiales de tránsito y dos ciudadanos españoles, identificados como los presuntos líderes de la organización.
Las autoridades señalaron que el grupo, al parecer, sustrajo registralmente propiedades en desuso para luego venderlas a terceros.
Los allanamientos incluyeron viviendas, bufetes y oficinas públicas, entre ellas las instalaciones centrales del Consejo de Transporte Público (CTP) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, lo que evidenció el alcance de la estructura criminal.
