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La Fiscalía anticorrupción inició esta semana con una serie de allanamientos bajo el nombre de Operación Diamante. El megaoperativo se condujo con la ayuda de 600 oficiales y 32 fiscales a lo largo y ancho del país.

Según detalló Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial, se trata de una estructura criminal conformada por personas vinculadas con la empresa MECO, pero que pertenece a una investigación separada e independiente del sonado caso Cochinilla.

Al parecer, empleados de la empresa constructora "ejercían los controles necesarios de los funcionarios municipales, dialogaban directamente con alcaldes y funcionarios de las mismas para la adquisición de trabajos de contratación rápida y agilización de facturas y pagos", detalló Espinoza. De hecho, hay imputados que aparecen en ambas causas. 

Según la investigación, las dádivas que recibían los funcionarios municipales eran entregadas de manera homogénea; les daban dinero, favores, vehículos, construcciones en viviendas y labores específicas dentro de los sitios donde estaba la licitación.

Glen Clavo Céspedes, el Fiscal Anticorrupción, detalla que tanto MECO como otra empresa también allanada esta mañana e identificada como Explotec (basada en San Ramón de Alajuela) tenían una supuesta estructura criminal que servía de enlace con las municipalidades.

"El punto concéntrico de actividad es la empresa MECO, que es la que participa en las licitaciones, hace sugerencias y cancela dádivas", detalló Calvo. Las licitaciones tenían que ver con obra pública de los gobiernos locales, como aceras y calles.

Las autoridades han ingresado a investigar ocho municipalidades. Entre ellas, las de San José, Escazú, San Carlos, Siquirres, Osa, Alajuela, Cartago y Golfito. Seis alcaldes y cinco funcionarios de estas municipalidades fueron detenidos durante los allanamientos de esta mañana. A ellos se suman dos empleados privados: uno de MECO y otro de la empresa constructora alajuelense implicada en este caso, Explotec. 

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