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Según los datos del informe policial del caso Azteca cruzados con un reporte oficial de Acueductos y Alcantarillados (AyA) sobre las contrataciones por imprevisibilidad, los supuestos implicados en esta red de corrupción lucraron con los daños provocados por la tormenta ETA. 

El dinero que el estado desembolsó a la narcobanda supera el medio millón de dólares y representa un 77% de todo el dinero que invirtió el AyA para las afectaciones ocasionadas por la tormenta. 

¿Cómo consiguieron cerrar las contrataciones?

En el informe policial destaca un tipo de contratación que suele ser muy común en casos de emergencias. Las contrataciones por imprevisibilidad son una modalidad que permite hacer un contrato de manera más expedita y directa.

Este proceso administrativo le permite a una entidad cerrar contratos para atender situaciones imprevistas de una manera más rápida que la estándar. Este detalle en concreto fue lo que permitió que una sociedad de los ahora detenidos cerrara contratos millonarios con el Estado a costa de los daños provocados por el fenómeno climatológico.

El modelo operativo consistió en la creación de al menos dos sociedades anónimas. Una de ellas, identificada como Flu Vial Construcciones e Inversiones Sociedad de Responsabilidad Limitada está bajo el mando de Hebert López Cobo, uno de los  detenidos por el Ministerio Público en los allanamientos del pasado martes.

Fue mediante esta sociedad que los implicados consiguieron cerrar hasta siete contratos por imprevisibilidad registrados el 15 de noviembre de 2020 y el 21 de diciembre del mismo año.

Según el informe policial, fue gracias al beneplácito de funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que la presunta narcobanda consiguió la adjudicación de estas contrataciones. Seis de ellas fueron aprobadas en el mismo día y con apenas minutos de diferencia.

270 millones embolsados en apenas siete minutos

La primera contratación por imprevisibilidad en adjudicarse es, según detalla el reporte oficial del AyA, para la “construcción de un acueducto de la línea de conducción San Miguel de Sabalito y Agua Buena en Puntarenas". 

En el documento se constata que este contrato, aprobado a las 8:01pm del 15 de diciembre, le costó al estado más de 31 millones de colones (31.238.872,00). Treinta segundos más tarde se aprueba un segundo contrato con la misma descripción. Sin embargo, el monto que cobró Flu Vial Construcciones en este trámite fue casi el doble: 61 millones de colones (61.403.602,00).

Cuatro minutos después, se aprueba un tercer contrato. Esta vez, para trabajos en Uvita y Orotina que son para la "construcción de un acueducto para la red de distribución" afectada por la tormenta ETA. Esta adjudicación le costó al estado más de 43 millones de colones (43.132.517,00).

Un minuto más tarde, se aprueba el cuarto contrato. La descripción detalla que será destinado a la red de distribución de Manuel Antonio y Quepos. Con este trámite, Flu Vial Construcciones se embolsó otros 38 millones de colones (38,433,813.00). Menos de un minuto después, se aprueba otro contrato con la misma descripción para las localidades de Ciudad Neilly y Agua Buena. Este contrato le cuesta al estado casi 52 millones de colones (51,717,571.00).

La última contratación por imprevisibilidad aprobada ese día aparece un minuto después de la anterior, con la misma descripción y en las mismas localidades: Ciudad Neilly y Agua Buena. Flu Vial ganó, con esta adjudicación aparentemente repetida, casi 45 millones de colones (44,808,441.00).

El último contrato que cerró el AyA con la narcobanda a raíz de las afectaciones provocadas por ETA fue el 21 de diciembre de 2020. Este contrato sería para trabajos en Las Tablas, Coto Brus. Concretamente, en el sector de Las Mellizas, según detalla el informe. Este último contrato le costó al estado 53 millones de colones (53,030,489.00).

La tormenta ETA no solo supuso una afectación generalizada a más de 78 mil costarricenses en todo el país, sino que también le permitió a este grupo hacerse con una suma de 323,765,305 colones provenientes de los bolsillos de los ciudadanos.

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