Por Valeria Martínez 5 de diciembre de 2025, 7:47 AM

Un 91% de los docentes costarricenses afirmó sentir algún temor de enfrentar una denuncia falsa, según un estudio elaborado por el Colegio de Licenciados y Profesores Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro).

La cifra evidencia una percepción extendida entre los maestros, que consideran que los protocolos actuales los dejan expuestos desde el primer momento en que se presenta una acusación.

"Hay una serie de leyes que son también una camisa de fuerza para nosotros. Ya la autoridad se ha minimizado, esa autoridad que teníamos en las aulas, ese respeto que había hacia los educadores y hasta los trabajadores de la educación en general, porque hasta el conserje y el guarda eran respetados desde el momento en que se pisaba una institución educativa.

"Ahora con la ley 9.999 hay muchos que se han enterado e incluso piensan que por medio de esas leyes nos pueden sacar dinero, como si tuviéramos muchos. Entre otras cosas. Hay muchos docentes que trabajan temerosos", explicó la presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Vivian Chaves.

La legislación vigente obliga a separar de inmediato al docente mientras se investiga el caso que se le achaca, lo que provoca un impacto social y profesional, antes de una decisión final.

El informe también revela que un 45% de los profesores sufrió agresiones físicas o emocionales por parte de estudiantes o familiares en el último año.

Los sindicatos advierten que estas conductas se han intensificado y que incluso hay grupos de padres que coordinan los ataques.

"En realidad nosotros estamos a tono con el informe que hace Colegio de Licenciados y Profesores. Es un primer informe que dichosamente ya salió a la luz pública, que efectivamente devela la cantidad de violencia que reciben muchos educadores dentro del aula.

"Muchas veces, para no comprarse un problema con las familias, prefieren satisfacer las necesidades de los hijos y poner una nota de 100 y no meterse en problemas, con tal de no recibir una amenaza de violencia", señaló por su parte la presidenta de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Gilda Montero.

Por su parte, el Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó que ha detectado casos donde se difunden imágenes y mensajes de profesores sin autorización.

Esta y otras formas de violencia son tipificadas en el nuevo Reglamento de Evaluación de Aprendizajes y Conducta que impulsa la cartera y que es analizada por el Consejo Superior de Educación.

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