Por Eric Corrales |26 de noviembre de 2020, 15:01 PM

La Ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar, y el director del OIJ, Walter Espinoza, comparecieron la tarde de este jueves ante seis diputados de la Comisión Seguridad y Narcotráfico donde informaron los avances del proceso de bloqueo de señal de celular en los centros penitenciarios.

Con eso las autoridades buscan lograr una gran disminución en las estafas telefónicas que se desarrollan dentro de los centros penales y que mueve millones de colones al año.

Aseguran que hay la cantidad de denuncias que llegan al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) relacionadas con llamadas telefónicas que supuestamente salían del centros penales van en crecimiento.

La ministra informó que la Policía Penitenciaria decomisa 3.200 teléfonos por año.

“Justicia y Paz va a determinar la gradualidad en la implementación de esto en los centros penales. Pero los operadores garantizarán que el bloqueo solo sea para los centros penales y no para los usuarios que viven cerca de estos”, destacó la Salazar.

En lo que respecta al mantenimiento e implementación de estos sistemas serán los operadores de cada compañía los responsables, mientras que Justicia y Paz se encargará de los daños por vandalismo.

La ministra explicó que el sistema bloquea la señal celular entrante y saliente en los centros penales, pero no bloquea el celular como tal.

Por su parte, el trabajo operativo de la Policía Penitenciaria es permanente, la jerarca aseguró que, si bien con el bloqueo no podrán usar celulares, siempre en las intervenciones se extraen armas hechizas y drogas, por lo que las requisas continuarán.

Modalidad de estafa

Walter Espinoza informó a los legisladores cuáles son los tipos de estafas más comunes que salen de los centros penales.

“Tenemos tres tipos, el falso funcionario del Gobierno, el falso funcionario bancario y el timo del premio o la compra de un artículo.

“Los sujetos llaman para comprar un producto, pero hacen una llamada entre tres con un funcionario falso del banco con el objetivo de buscar cómo sustraer datos de las cuentas de las víctimas”, expresó.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por el OIJ, los estafadores tienen guiones bien elaborados para así intentar estafar y engañar a las personas.

Para el 2020 el perjuicio económico podría rondar los 7 mil millones de colones, según las autoridades.

Espinoza explicó a los diputados que, si bien este bloqueo no eliminará del todo este tipo de estafas, si las disminuirá considerablemente.

“Más del 90% de estas estafas se desarrollan, se articulan o se organizan en los centros penales, esto según los estudios elaborados por el OIJ”, agregó el jerarca.

En el caso de la afectación a los funcionarios de las cárceles, la ministra explicó que los empleados tienen la opción de usar un teléfono fijo cuando así lo requieran por alguna emergencia familiar, y los policías penitenciarios por reglamento no pueden portar celulares en horas de servicio. Por lo que pueden hacer uso de sus teléfonos una vez que termine su jornada laboral, fuera del centro penal.

Se espera que en diciembre ya esté listo para ser implementado tras varias pruebas que se han realizado.