Autoridades alertan: mafias ambientales operan con alcance internacional

Autoridades judiciales advierten sobre la creciente sofisticación de organizaciones criminales vinculadas al tráfico de vida silvestre, minería ilegal y otros delitos ambientales, las cuales han evolucionado hacia estructuras transnacionales con alto poder económico y logística compleja.

De acuerdo con las declaraciones del fiscal coordinador Luis Diego Hernández, estos grupos ya no operan únicamente como redes locales, sino que forman parte de cadenas delictivas que integran extracción, transporte, procesamiento y legitimación de capitales.

Hernández señaló que organizaciones previamente asociadas a otros delitos, como el narcotráfico, al parecer, han encontrado en los recursos naturales una nueva fuente de ingresos. Además, indicó que factores como el aumento del valor de metales preciosos como el oro, la expansión del comercio digital y el uso de criptomonedas han facilitado la expansión de estas actividades ilícitas.

El fiscal añadió que la transnacionalización del mercado y el uso de tecnologías digitales han permitido la comercialización de especies y recursos naturales desde Costa Rica hacia distintos países, lo que dificulta la trazabilidad de las operaciones ilegales.

Por su parte, el fiscal de la Fiscalía Adjunta Ambiental, Alejandro Alpízar, explicó que el crimen ambiental ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en estructuras organizadas con fines de lucro, en muchos casos vinculadas a redes criminales más amplias.

Según Alpízar, se ha identificado la migración de grupos delictivos hacia actividades ambientales debido a las altas ganancias y a la percepción de menores sanciones en comparación con otros delitos. También señaló la participación de redes transfronterizas en el tráfico de fauna, flora, madera y productos marinos.

Las autoridades han detectado rutas que conectan Centroamérica con destinos en Norteamérica y Europa, donde existiría demanda de especies silvestres, insectos de colección, maderas como el cocobolo y productos derivados de la pesca ilegal.

En relación con los impactos, los fiscales indicaron que la extracción de especies y la minería ilegal generan efectos en cadena sobre los ecosistemas, incluyendo alteraciones en la biodiversidad, afectaciones a la seguridad alimentaria y riesgos ambientales.

Asimismo, se señaló la posible vinculación de estas actividades con otros delitos como la corrupción y la legitimación de capitales, debido al manejo de grandes sumas de dinero en economías informales.

Las autoridades también advirtieron que el uso de redes sociales, plataformas digitales y pagos mediante criptomonedas ha facilitado la operación de estas redes criminales, dificultando el rastreo de las transacciones y la identificación de los responsables.

Finalmente, se destacó que la investigación de estos delitos ha requerido un cambio en los métodos tradicionales de persecución penal, debido a la complejidad de las estructuras, la extensión territorial involucrada y el uso de tecnologías avanzadas por parte de las organizaciones.

Las autoridades reiteraron que el tráfico de especies, la tala ilegal, la minería no autorizada y el transporte de recursos naturales sin permisos constituyen actividades sancionadas por la legislación vigente, y que la ciudadanía puede denunciarlas ante instancias como el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o el Ministerio Público.