Por Juan José Herrera |22 de mayo de 2024, 9:00 AM

La Superintendencia de Pensiones (SUPEN) convocó la semana anterior a una “discusión nacional” que tendrá como objetivo construir una propuesta para fortalecer el sistema nacional de pensiones.

Ese debate, al que entre otros están invitados los sindicatos, la Caja Costarricense de Seguro Social, el sector empresarial, el Congreso y la academia, pretende servir de base para llegar a soluciones que aseguren una cobertura sostenible y suficiente para todos los ciudadanos del país.

Ese proceso, según el cronograma de la SUPEN, tardará nueve meses, de manera que en febrero próximo deberían estar listos los proyectos de ley o reformas que permitan materializar las ideas que surjan desde los diferentes frentes.

¿Qué temas se tocarán? Según la superintendente Rocío Aguilar, todos los que los involucrados crean convenientes.

“Lo que nos parece importante no es lo que opine la SUPEN, sino qué consensos, como país, podamos alcanzar y que puedan ser, realmente, medidas que vengan a lograr la cobertura generalizada, la sostenibilidad y la suficiencia.

“Cómo evitar, por ejemplo, proyectos que pretenden festinar con el ROP sigan avanzando; cómo buscar una mayor equidad entre los sistemas de pensiones, por ejemplo, equidad entre los aportes del Estado para uno y para otro”, aseguró.

Lo importante, insiste Aguilar, será precisamente “abrir el menú de opciones” a las decisiones que, dijo, ya se han mencionado en el pasado, pero que llegó el momento de tratar.

“Puede ser por el número de cuotas, puede ser edad, puede ser aportes frescos; puede ser, posiblemente, una discusión de impuestos, porque no puede seguir un sistema siendo financiado únicamente con la planilla, el cambio demográfico y la transformación laboral”, aceptó.

Complicadas

En el anuncio de la semana pasada, trascendió la sugerencia que hizo la OCDE a Costa Rica de valorar aumentar la edad de retiro de 65 a 67 años.

Aguilar reconoció que esto surgió luego de una presentación que el organismo realizó sobre el estado de las pensiones en otros países, incluido Uruguay, que lleva adelante una transformación de su sistema de pensiones.

La superintendente defendió que esto nunca fue una solicitud de la OCDE y que, hasta donde sabe, no existe ninguna discusión o proyecto de ley presentado en esa vía, pero acepta que perfectamente podría ser parte de las discusiones que surjan de ese debate nacional.

Sin embargo, la sola mención de esa posibilidad ya genera rechazo.

El propio Albino Vargas, cabeza de la ANEP, afirmó la semana anterior que ese podría ser perfectamente un tema que aglutine al país en torno a una huelga como la que aún no enfrenta el gobierno de Rodrigo Chaves, pues dijo tiene la trascendencia suficiente para movilizar a los trabajadores bajo una consigna única.

“Yo no puedo garantizar que lo que se discuta ahí tenga futuro, lo que sí podemos liderar es un esfuerzo para que discutamos esos temas y busquemos un conjunto de soluciones que le permitan a esta sociedad mantener lo que su Constitución Política y su estado social de derecho contienen.

“Creo que la unión de diferentes fuerzas en ese sentido nos va a permitir una discusión seria, una discusión ordenada, donde no necesariamente tiene que llegar al 100% de consenso, pero sí a identificar aquellas opciones que sean viables ejecutar y que vayan en la dirección correcta”, afirmó la superintendente.

Aguilar insistió en que todos esos temas, incluida la varada propuesta de una pensión mínima universal que sustituya al Régimen No Contributivo, deben estar ahí, porque incluso con las reformas adoptadas recientemente, el momento crítico para los sistemas de pensiones del país está cerca.

“Aun con las últimas reformas, lo que llaman el tercer momento, que es cuando ya no quedan recursos, no está muy alejado en el tiempo. Estas discusiones y estas reformas, y sus ejecuciones, requieren tiempo, y como dicen, para luego es tarde”, finalizó.

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