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La Auditoria Interna del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) defendió su labor de fiscalización luego de que estallara el caso “Cochillina”, donde en se investigan posibles actos de corrupción en proyectos de obra pública.

Por medio de un comunicado de prensa, el ente señaló que es responsabilidad de la administración activa del Conavi, es decir, del jerarca y los titulares subordinados y no de la Auditoría Interna, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno de la institución.

También recalcó que la administración es la responsable de activar las acciones necesarias para garantizar el efectivo funcionamiento de este trabajo de control.

La Auditoria Interna señaló que, aún cuando pueden brindar apoyo para efectuar análisis conjuntos, no pueden actuar de forma separada o independiente, sino que deben hacerlo bajo el liderazgo de la Auditoría de Conavi.

En el documento, el ente enumeró al menos 22 gestiones enviadas, desde el 2016, tanto al jerarca del Conavi como a la Contraloría General, el Ministerio Público y el Tribunal Ambiental Administrativo, por diversas investigaciones. Esto, según ellos, confirma que han cumplido con su deber.

Una de las acciones que citan es un documento de 2018 que enviaron al director ejecutivo interino, Mario Rodríguez Vargas, y al gerente interino de Conservación de Vías y Puentes, Édgar Meléndez Cerda, por situaciones encontradas en obras viales de Guanacaste y Puntarenas.

La Auditoria Interna del Conavi agregó que el equipo humano con el que cuenta es insuficiente para atender la totalidad de las actividades del consejo. Dicho equipo está compuesto por 15 servidores, incluyendo un auditor interno, cuatro supervisores, dos asesores legales, siete analistas de Auditoria y una secretaria.

También recalcan que han solicitado más recursos y personal al jerarca de la institución, pero estos no han sido asignados.