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La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aseguró este lunes que el proyecto de ley que defiende la rebaja del marchamo para el 2022 afectará directamente a los usuarios del transporte público.

Puntualmente, el ente regulador se opuso al transitorio que plantea un rebajo del 50% del canon al transporte público, una medida que aseguró afectaría la “fiscalización de la calidad” del servicio y la capacidad técnica de la institución y los servicios que reciben las personas usuarias.

La Aresep se financia únicamente con el canon que se cobra por sector a los prestadores de servicios regulados pues no recibe partidas del presupuesto nacional.

“Una nueva reducción de sus ingresos del sector transporte, que se plantea en este proyecto de ley, provocaría que se dejen de hacer inspecciones de calidad, limitaría la capacidad técnica para realizar fijaciones tarifarias, la atención de denuncias y quejas de los usuarios del transporte público y cumplir con los deberes que la ley otorga a la Aresep para la satisfacción del interés público”, dijo la institución.

El proyecto en discusión, que fue dispensado de todo trámite la semana anterior por una amplia mayoría de diputados, propone una rebaja idéntica a la que ya se aprobó para el 2021 y que según la autoridad reguladora significó una disminución de ₡2.411 millones en sus ingresos.

A esto le suman una reducción del 25% que ya había sufrido en 2020 por ₡1.641 millones.

“Estas reducciones causan perjuicios económicos graves a la operación normal de la Aresep, al disminuir sensiblemente su capacidad operativa y resolutiva, para cumplir con las obligaciones establecidas en la ley y alcanzar el balance regulatorio que requiere compatibilizar los intereses de los operadores y las necesidades de las personas usuarias”, añadió la entidad.

La autoridad estimó que la rebaja propuesta significaría un nuevo golpe de ₡2.318 millones y sumando casi ₡7 mil millones en tres años.

La Aresep interpuso dos acciones de inconstitucionalidad contra las dos leyes anteriores que fueron respaldados por la Procuraduría General de la República especialmente por ese transitorio relativo a la reducción del canon.