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El Poder Judicial aclaró, este miércoles, que los recursos de apelación presentados por la defensa de los funcionarios imputados en el caso “Diamante” no deben frenar la discusión sobre el pago o no de salarios mientras estén suspendidos.

La oficina de prensa de ese poder de la República precisó que los recursos de apelación “no tienen efectos suspensivos” y que, por lo tanto, lo resuelto por el Juzgado Penal, que ordenó la inhabilitación de los imputados, está vigente.

En esa misma resolución se ordenó a los diferentes Concejos decidir si dicha suspensión sería con o sin goce salarial.

Para respaldar esa afirmación, el Poder Judicial se apoyó en el artículo 256 del Código Procesal Penal, que reza que durante los procedimientos preparatorios e intermedios, las apelaciones a resoluciones de prisión preventiva o cualquier otra medida cautelar no tienen un efecto suspensivo.

Los presidentes de los Concejos de San José o San Carlos afirmaron el lunes, a este medio, que esa discusión no iniciaría mientras las resoluciones estuvieran apeladas.

Sin embargo, esta posición del Poder Judicial y la recomendación de la Contraloría General de la República, enviada este martes a los gobiernos locales señalados, apuntan a la suspensión inmediata del pago de salarios a los funcionarios investigados.

De los seis alcaldes señalados, ya cuatro renunciaron al pago de su salario: Alberto Cole (Osa), Alfredo Córdoba (San Carlos), Mario Redondo (Cartago) y Johnny Araya (San José).